Tribunal Constitucional de Perú declara improcedente habeas corpus a Fujimori
EFE
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró este viernes improcedente una demanda de habeas corpus presentada por Keiko Fujimori para que se anule la condena por delitos de lesa humanidad que se dictó en 2009 contra su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), informó hoy un comunicado oficial.
El TC señaló que los magistrados decidieron, por mayoría, declarar la improcedencia de la demanda «sin emitir pronunciamiento sobre el fondo» de la solicitud, por haberse «producido la sustracción de la materia, en virtud a que don Alberto Fujimori Fujimori ha sido excarcelado y se encuentra libre».
El organismo recordó, de esa manera, que Fujimori fue indultado y recibió el derecho de gracia el pasado 24 de diciembre otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien alegó motivos humanitarios para su decisión.
El TC indicó que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en sendas sentencias emitidas el 7 de abril de 2009 y el 30 de diciembre de 2009, por la Sala Penal Especial y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, respectivamente.
Agregó que el exmandatario presentó el 31 de octubre de 2014 una primera demanda de habeas corpus ante el Constitucional para solicitar la nulidad de esas sentencias, un pedido que fue declarado improcedente en el 2016 por el alto tribunal.
Según la información, al momento de recibir el indulto en diciembre pasado se encontraba en trámite una segunda demanda de habeas corpus presentada el 19 de mayo de 2017 por Keiko Fujimori, la hija mayor del exmandatario y líder del partido Fuerza Popular.
Keiko presentó ese recurso para pedir que se anule la condena por secuestro agravado dictada contra su padre en los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, con lo que «perseguía en esencia se dispusiera la libertad del expresidente», sostuvo el TC.
Alberto Fujimori, de 79 años, permanece desde fines de diciembre en una lujosa casa en el distrito limeño de La Molina, mientras se espera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pedido de familiares de víctimas de su régimen y organismos civiles de que se declare la nulidad de su indulto.
