«Tren de Aragua», la multinacional venezolana del crimen
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Extorsión, prostitución, asesinatos, robos, narcotráfico, lavado de oro, contrabando: la banda «Tren de Aragua» se convirtió en pocos años en una multinacional del crimen surgida en Venezuela, que Ronna Rísquez ha documentado en un libro que le ha valido amenazas de muerte.
Nacida en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (centro-norte), la banda está compuesta por unos 5.000 hombres, según esta periodista, que se tomó tres años para esta investigación en la que tuvo acceso al propio centro de reclusión.
«Adentro los hombres que vi con armas de fuego eran presos que pertenecen a la organización», dijo a Rísquez en una entrevista con la AFP. «La Guardia Nacional está afuera, en la entrada», aclaró.
Tocorón añadió que parece «un hotel» destinado a «los líderes de la banda». Detalló que tiene piscina, un zoológico, sala de apuestas, banco, un campo de béisbol y hasta una discoteca bautizada «Tokio», donde se presentan artistas famosos y celebridades.
Para mantener toda esta infraestructura, extorsionan a la población reclusa: cada preso paga la «causa», una cuota de unos 15 dólares a la semana, es decir, «3,5 millones de dólares al año», según Rísquez.
Quienes no pagan son sometidos a actos de violencia, obligados a dormir a la intemperie o limitados a comer poco o nada.
Los recursos los maneja el «pran» (cabecilla de la banda en el penal) Héctor Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», según la autora.
Condenado a 17 años de prisión por homicidios y tráfico de drogas, entre otros delitos, Guerrero está oficialmente encarcelado pero parece poder entrar y salir de la cárcel a su antojo, a veces disfrutando de las playas venezolanas en un yate, develó la investigación.
La prisión le sirve de base, donde está bien protegido por un ejército de reclusos en su nómina.
Más allá de las fronteras
El «Tren de Aragua» surgió en 2014, operando en actividades mafiosas «clásicas»: secuestros, robos, drogas, prostitución y extorsión, pero más tarde se expandieron a la explotación ilegal del oro en un país que cuenta con algunos de los mayores yacimientos auríferos del mundo, añade Rísquez.
Sus tentáculos, que también se extienden a negocios legales, alcanzan a la remota población de Las Claritas, en el minero estado Bolívar (sureste), llegando a controlar aspectos de la vida cotidiana, desde comercios hasta servicios de salud.
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Esta organización criminal también ha «aprovechado» la crisis sin precedentes que vive Venezuela desde 2013 para traspasar fronteras e instalarse en al menos «otros ocho países latinoamericanos», remarca la autora.
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