Transparencia Venezuela: «Se requieren políticas urgentes para proteger a las venezolanas»
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La celebración del Día Internacional de la Mujer coincide este año con uno de los eventos de mayor impacto en la sociedad a escala global: la pandemia por COVID-19.
La crisis sanitaria y económica que ha dejado en todo el mundo el brote iniciado en Wuhan, China, trajo consigo una “nueva normalidad”. Las medidas confinamiento y distanciamiento social adoptadas en todo el mundo para frenar los contagios han aumentado la brecha de pobreza, la desigualdad y el desempleo.
No obstante, ha tenido un impacto diferenciado en la población femenina, que pasó a ser la principal víctima de la pérdida de puestos de trabajo, según el más reciente informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El organismo documentó, además, un aumento de 40% en la carga de trabajo no remunerado (cuidados familiares) para las féminas, que en tiempos de pandemia están también en la primera línea de atención de sus enfermos. Por otra parte, de acuerdo con reportes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, esta realidad ha acentuado la violencia de género y los femicidios alrededor del planeta. Este fenómeno, que especialistas han calificado como una “pandemia silenciosa”, afecta especialmente a las mujeres latinoamericanas.
ONU Mujeres ha señalado que en América Latina se ubican 14 de los 25 países con los índices de femicidios más altos del mundo. México, Brasil y El Salvador registraron los índices más altos de femicidios y abuso sexual en 2020. En Venezuela, los datos recolectados el año pasado por el Monitor de Femicidios del portal utopix.cc arrojan que 217 mujeres, adolescentes y niñas venezolanas resultaron asesinadas a manos de sus familiares o bandas delictivas. De esa cifra, 148 crímenes ocurrieron durante ocho meses de confinamiento.
En su informe anual, la organización contabilizó un total de 256 muertes. En lo que va de este año, la organización ha documentado 43 casos. “Hemos podido observar cómo en 2020 los femicidios se incrementaron a 1 cada 34 horas, en comparación con 2016, cuando ocurría 1 cada 72 horas. La data levantada proviene de subregistros y no de datos oficiales, estimamos que las cifras deben ser más altas. Hacemos un llamado de Emergencia Feminista: el Estado venezolano debe crear un plan que permita hacer frente a esta realidad que cada día acaba con la vida de cientos de mujeres y niñas en Venezuela y el mundo”, advirtió la organización defensora de los derechos de la mujer.
Escalada violenta
En 2021 estas cifras se acrecientan de forma acelerada. Solo en las primeras dos semanas del año se registraron en Brasil 50 víctimas de femicidio, seguido de Colombia con 18 y México con un promedio de 10 mujeres asesinadas. Venezuela no escapa de esta realidad. Entre el 1° y el 31 de enero de 2021, según el informe difundido el 10 de febrero por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ocurrieron en el país 18 femicidios, lo que equivale a un promedio de una víctima cada 38 horas.
Asimismo, la violencia contra la mujer acaparó la agenda informativa del país durante el mes de febrero, cuando solo en una semana cinco venezolanas, entre ellas dos adolescentes, perdieron la vida de forma violenta. El epicentro de estos casos fue el estado Portuguesa, seguido de Mérida y el Distrito Capital.
Ante esta realidad, la Asamblea Nacional electa en 2015 y liderada por Juan Guaidó, exigió este martes al gobierno de Nicolás Maduro garantizar «el derecho a la vida, y la justicia hacia las mujeres», a la vez que alertó que la impunidad impide disminuir los índices de violencia de género en el país. La parlamentaria Liz Jaramillo afirmó que en las últimas semanas han sido asesinadas 7 mujeres. “Las edades de las víctimas oscilan entre los 22 y los 42 años y otro grupo menor, en edad de adultez comprendida entre 64 a 80 años. Es necesario que el Estado se aboque a planificar, diseñar e implementar políticas efectivas en función de mitigar esta dura realidad».
Por su parte, el Parlamento electo en el cuestionado proceso del 6 de diciembre, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Medios oficiales reseñaron que la reforma propone el anexo de 12 artículos nuevos a la Ley, así como la modificación de 32, quedando 138 artículos, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y una disposición final. El diputado Pedro Infante afirmó que entre agosto de 2017 y diciembre de 2020 se contabilizaron 610 femicidios y que el año se atendieron 713 casos de violencia basada en género contra la mujer en todo el territorio nacional. “Los femicidios se han incrementado de manera alarmante. En los primeros dos meses de 2021 se registraron 51 víctimas, 26 en enero y 25 en febrero, según datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género”, indicó.
Población vulnerable
La pandemia también ha servido para enmascarar otros fenómenos cuyos registros se han disparado durante el confinamiento, pues las mujeres deben convivir 24 horas del día con sus parejas y familiares, lo que, aunado a la insostenible situación del país, incrementó las denuncias de violencia por razones de género. “En los últimos tres años y medio la Fiscalía ha realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer, de las que han emanado 12.508 acusaciones”, informó esta semana el Fiscal General de la República designado por el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
De igual modo, se incrementaron los casos de acoso o abuso sexual y la sextorsión. Estos últimos tienen mayor impacto en las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular aquellas en condición de pobreza que dependen del Estado para cubrir necesidades básicas, la población carcelaria o con familiares privados de libertad. La extorsión sexual o sextorsión fue definida en 2008 como un tipo de corrupción por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ). Según el informe Rompiendo el silencio, publicado en marzo de 2020 por Transparencia Internacional, la sextorsión se produce cuando quien, desde un cargo de poder, usa su autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder.
Investigaciones citadas en el informe apuntan a que el fenómeno afecta de forma desproporcionada a las mujeres en movilidad que se encuentran indocumentadas. En el caso de Venezuela, un alto porcentaje de los más de 5,7 millones de connacionales han abandonado el país para escapar de la crisis económica y social provocada por la gran corrupción instaurada en las dos últimas décadas son mujeres, adolescentes y niñas que se encuentran expuestas no solo a la sextorsión, sino también a la trata de personas, prostitución forzada, y violencia. El drama que viven las venezolanas más allá de nuestras fronteras quedó evidenciado por las agresiones de las que han sido víctimas en países como Trinidad y Tobago, Argentina, Perú, México o Guyana.
Documentar y denunciar
Ante esta realidad, Transparencia Venezuela ha insistido en la necesidad de crear un marco jurídico y diseñar políticas públicas que garanticen la seguridad y la vida de las venezolanas, dentro y fuera del territorio nacional. Como medida perentoria, desde octubre de 2019, la organización -en alianza con la Subcomisión de Mujer y Equidad de Género de la Asamblea Nacional- amplió el campo de acción de Dilo Aquí, aplicación concebida como herramienta para la denuncia de actos de corrupción, con la creación de un canal para recibir y procesar casos relacionados con violencia hacia la mujer, incluidos los que involucren actuaciones irregulares de funcionarios y abusos de poder como la sextorsión.
De acuerdo con la información obtenida en 2020 por Dilo Aquí sobre casos de violencia contra la mujer basada en género, 73,9% de las denuncias fueron realizadas por mujeres. De esta cifra, 64,7% fueron víctimas directas de la agresión, mientras que 36% de los reportes los hicieron mujeres testigos de agresiones contra las sobrevivientes de violencia. Por otra parte, 21,7% de las denuncias recibidas a través de la herramienta, fueron efectuadas por hombres testigos de actos de violencia contra la mujer que reportaban. Las denuncias recibidas y procesadas incluyen agresiones de tipo psicológico, violencia física y violencia sexual.
La aplicación móvil se descarga de forma fácil en sistemas iPhone y Android. La organización también ha puesto a disposición la línea telefónica 0424-1981060 y el correo electrónico denuncia@transparencia.org.ve para recibir y canalizan reportes de cualquier hecho que implique violencia contra la mujer. Además, el equipo jurídico de la Oficina de Atención Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela ofrece atención primaria gratuita y remite los casos a las organizaciones aliadas que trabajan en defensa de los derechos de la mujer.
Corrupción y género
Con el objetivo de ayudar a identificar las nociones básicas sobre corrupción y el impacto diferenciado que tiene sobre la población femenina, además de estudiar las características, condiciones y requisitos para la consolidación de políticas públicas anticorrupción con enfoque de género; Transparencia Venezuela, a través de la plataforma de capacitación virtual Campus Transparencia, lanzará el espacio de formación Extorsión sexual y políticas públicas: Impacto de la corrupción en mujeres. El programa, que consta de cuatro módulos con una duración de cinco semanas (50 horas), fue elaborado por un panel de expertas nacionales e internacionales integrado por la psicóloga clínica Magdymar León, y las abogadas Marcela Huaita, María Soledad Gennari y Dorennys Angulo.
Las inscripciones estarán abiertas en el portal https://campustransparencia.com desde este 8 de marzo, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Con motivo de la pandemia por COVID-19, todos los cursos y programas de la plataforma son gratuitos.
Con información de Transparencia Venezuela
