Transparencia Venezuela: Acceso a la información pública es clave para luchar contra la corrupción

El encuentro contó con la participación de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Feliciano Reyna, presidente de Civilis y el Jorge Veloz, diputado por el Parlasur.

De Freitas, explicó que, para Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela, es muy claro que la lucha contra la corrupción pasa por la defensa de los derechos humanos porque significa proteger al ciudadano frente a un Estado muy poderoso, es promover y exigir que el Estado sea el gran garante y no el violador de los derechos.

El EPU que se realiza cada 4 años ante las Naciones Unidas, explicó que es una oportunidad que tienen los defensores de los derechos humanos de exigir una evaluación acerca del rendimiento de los países en el marco de los derechos.

Señaló que los representantes de cada país presentan un informe de un derecho o de varios y las ONG generan un informe alterno que deben leer los gobiernos. De Freitas aseguró que para TV el derecho al acceso a la información pública es clave, pero en el país es uno de los derechos más violados.

Después de las recomendaciones realizadas en el EPU del año 2016, los problemas del país persisten y del cumplimiento de estas depende la solución de los demás, y esto tiene que ver con la importancia de la autonomía y acceso a la justicia, de transparentar la información, de proteger los derechos de los defensores y la calidad de vida de los privados de libertad, la escasez de medicamentos y alimentos, eliminación de la pobreza y equidad de género.

“Las sugerencias son acciones que hay que implementar con urgencia”, alertó. El activista de derechos humanos, Feliciano Reina, precisó que una de las características del EPU es que se hace sobre el conjunto total de los derechos humanos y su progresividad a lo largo del tiempo.

Indicó que en último EPU, su edición 33, los representantes del gobierno Venezolano, hicieron su trabajo de cabildeo para ganar la venía de los países participantes, sin embargo, las ONG también hicieron lo propio a través del compendio de sus informes sobre los distintos derechos para que sus temas estuvieran en la agenda de discusión.

Los Estados deciden cuáles de las recomendaciones adoptan y de cuáles toman nota, pero no las pueden rechazar. En 2016, más de 30 organizaciones del país asistieron al encuentro para divulgar sus preocupaciones y recomendaciones en ese espacio internacional, dijo Reina.

Según Reina, el espacio es de mucha solidaridad y se establecen asociaciones para lograr que se divulguen las preocupaciones en una participación de solo en dos minutos. Para las organizaciones es fundamental absorber lo que sucede y documentar las incidencias con rigurosidad, denunciarla ante los órganos nacionales, aunque parezca que no tiene sentido, porque así se convierte en una prueba más de la violación cuando se va ante las instancias internacionales.

El diputado Jorge Veloz, indicó que, para el restablecimiento de la democracia, que a su juicio no es otra cosa sino que la defensa de los derecho humanos, se deben ensamblar adecuadamente las organizaciones de corte social y político. “Son tan importantes las organizaciones sociales como las políticas para el rescate de la democracia”, aseveró