Temer sanciona ley que abre el petróleo brasileño al capital privado
EFE
El presidente brasileño, Michel Temer, sancionó este martes una ley que acaba con la obligación de que la estatal Petrobras participe en todo proyecto petrolero que se desarrolle en el país, incluyendo las gigantescas reservas del presal, lo cual se espera que sea un imán para la inversión privada en el sector.
“Siento que estamos practicando un acto en beneficio de Brasil”, porque en la medida en que se amplíen los espacios para la empresa privada se expandirán también las oportunidades de empleo, declaró Temer en el acto, celebrado en el Palacio presidencial de Planalto.
Temer subrayó que la creación de plazas de trabajo es una de las principales prioridades del Gobierno, que intenta reducir una tasa de desempleo del 11,8 %, que afecta a doce millones de personas.
“Este es un momento en que estamos construyendo un Brasil en el que los recursos naturales son puestos efectivamente al servicio del bienestar de la sociedad y, por lo tanto, un país volcado hacia el desarrollo”, afirmó el mandatario.
En la práctica, se espera que esta reforma legal permita una mayor participación de la empresa privada en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, que ya no tendrán la obligación de asociarse a Petrobras para operar en el presal.
Los impulsores de esta medida apuntan a una mayor apertura al sector privado en la zona conocida como “presal”, que atesora enormes cantidades de petróleo y gas en unos yacimientos situados en aguas profundas del litoral atlántico brasileño.
Hasta ahora, la ley determinaba que Petrobras debía tener en cada uno de esos proyectos una participación mínima equivalente al 30 % del capital.
La propia petrolera estatal apoyó la reforma, sobre todo por los problemas financieros que le causaron la caída del precio del crudo en los mercados internacionales y su propia crisis de corrupción, que redujeron a mínimos su capacidad de inversión.
La empresa está en el centro de la mayor investigación sobre corrupción que se haya realizado en Brasil, que salpica a decenas de políticos y empresarios que amañaban contratos con la petrolera, inflaban sus precios y luego se repartían las diferencias.
Según admitió la propia Petrobras en balances publicados el año pasado, esas prácticas corruptas le causaron a la empresas unos perjuicios financieros calculados en unos 2.000 millones de dólares (1.832,6 millones de euros) entre 2004 y 2014.
