Tamara Adrián denuncia homotransfobia del Estado venezolano
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La activista y dirigente política, Tamara Adrián denunció un episodio de homotransfobia del Estado venezolano este viernes 17 de mayo. La también abogada alertó que la oficina del Fiscal General de la República (FGR) no aceptó la consignación de un documento que exigía la investigación de crímenes de odio en el país y poner fin a los discursos homotransfóbicos de Tarek William Saab.
La abogada aseguró que cinco activistas acudieron a la sede de la FGR en el centro de Caracas para entregar el comunicado que también solicitaba el cese “de los discursos de odio por parte del fiscal”. Sin embargo, luego de tres horas de espera, los funcionarios del recinto no aceptaron el documento.
La dirigente política también dijo que estaba por verificar si una situación similar habría ocurrido en la sede de la Defensora del Pueblo.
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Este viernes 17 de mayo es el Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia.
Activistas buscaban hacer un llamado a Tarek William Saab
Hace varias semanas, Tarek William Saab fue entrevistado en un canal de televisión en Venezuela. En la conversación televisada el domingo 28 de abril, Saab aseguraba que los heterosexuales estaban siendo discriminados y perseguidos por “quienes quieren imponer una agenda”.
Esas declaraciones, efectuadas por un funcionario con la responsabilidad de defender a los venezolanos, resonaron entre los grupos defensores de derechos humanos que respondieron rápidamente.
“Este tipo de discursos de odio son bastante peligrosos cuando son emitidos por órganos del poder público. Profundizan los estigmas y la discriminación, de las personas que deberían proteger. Dando paso a actos de discriminación en todos los espacios”, escribió el Observatorio de Violencias Lgbtiq+ en sus redes sociales.
Precisamente por las declaraciones de Saab es que un grupo de activistas venezolanos decidió acudir a la sede de la Fiscalía General de la República a consignar un documento este viernes 17 de mayo.
Sin embargo, tras varias horas de espera, el documento no fue recibido y se vulneró el derecho constitucional de los ciudadanos venezolanos a hacer una petición en un ente del Estado.
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