Suspenden por petición de la defensa juicio que podría anular condena de Lula
EFE
Una corte superior brasileña suspendió este martes, a petición de la propia defensa, el juicio en que un tribunal de segunda instancia se pronunciaría sobre la petición de la Fiscalía para anular por vicios una de las condenas por corrupción impuestas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La audiencia final del juicio estaba prevista para este miércoles en el Tribunal Regional de la Cuarta Región, de segunda instancia, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ), una corte de tercera instancia, concedió este martes una cautelar solicitada por los abogados del expresidente para suspenderla.
Los abogados de Lula alegan que, antes de pronunciarse sobre el recurso en que la Fiscalía solicita la anulación de la condena por vicios procesales y que el proceso vuelva a la primera instancia, los magistrados del Tribunal Regional tienen que analizar el recurso en que la defensa pide que el expresidente sea absuelto y que el caso sea definitivamente archivado.
En el proceso cuestionado, Lula fue condenado a 12 años y 1 mes de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero luego de que un juez de primera instancia diera por probado que el expresidente se benefició ilegalmente de las millonarias obras realizadas por tres constructoras en una casa de campo a la que el líder socialista acudía regularmente.
Según la condena, las constructoras financiaron y realizaron las obras en la casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo, como contrapartida por los contratos con la petrolera estatal Petrobras que se adjudicaron ilegalmente durante el Gobierno de Lula.
Se trata de una condena diferente a la de 8 años y 10 meses que Lula cumple desde abril del año pasado igualmente por corrupción y lavado de dinero luego de que la Justicia diera por probado que recibió un apartamento de playa como soborno de otra constructora igualmente beneficiada por corruptelas en su Gobierno (2003-2010).
En el caso del apartamento de playa, Lula ya fue condenado en tres instancias y aún aguarda los recursos que presentó ante la Corte Suprema, mientras que en el de la casa de campo tan sólo ha sido declarado culpable por el juez de primera instancia.
Pero la Fiscalía solicitó la semana pasada que la condena de 12 años sea anulada por cuestiones técnicas y procesales, y que el caso vuelve a ser analizado por el juez de primera instancia, ya que la defensa de Lula tuvo que presentar sus alegatos finales en el juicio antes de que lo hiciera la parte acusadora, lo que está vetado.
La petición de la Fiscalía se produjo después de que la propia Corte Suprema anulara por el mismo motivo una condena contra el expresidente de Petrobras Aldemir Bendini al considerar que esa práctica procedimental usada en la Lava Jato -la mayor operación contra la corrupción en Brasil- hirió el derecho a la defensa.
Los abogados de Lula consideraron la petición de la Fiscalía como una maniobra para darle apariencia legal a una condena que consideran ilegal y por eso solicitaron que el tribunal se pronuncie primero sobre el recurso en que la defensa pide que el expresidente sea absuelto y liberado, y el caso archivado.
El magistrado Leopoldo de Arruda Raposo, el miembro del Superior Tribunal de Justicia que suspendió el juicio, alegó que la decisión del Tribunal Regional de darle prioridad al recurso de la Fiscalía «invirtió el orden lógico del proceso».
Según el magistrado, tal decisión puede vulnerar principios constitucionales que garantizan la amplia defensa, por lo que aceptó conceder la cautelar solicitada por la defensa para suspender el juicio «con el fin de que los recursos puedan ser apreciados en el orden en que fueron presentados».
Además de las dos condenas ya impuestas, Lula está enjuiciado en otros seis casos igualmente por corruptelas.
El expresidente también está pendiente de un juicio iniciado por la Corte Suprema que pone en duda algunas prácticas de la operación Lava Jato y hasta pudiera liberar a miles de presos.
La corte debe decidir sobre el alcance y aplicación del artículo 5 de la Constitución, según el cual una persona no puede ir a prisión hasta que se agote todo el proceso de apelaciones.
