Sostiene Estados Unidos: CDH de la ONU no puede seguir ignorando los abusos en Venezuela

Sostuvo también que tal actitud genera desconfianza en la posibilidad de que las naciones cooperen para «defender la dignidad humana».

«Es trágico. Los esfuerzos de (el presidente Nicolás) Maduro para silenciar a sus críticos conducen hasta aquí, a Ginebra, al Consejo de Derechos Humanos», dijo Haley en un evento convocado por organizaciones de la sociedad civil, al margen de la 35 sesión del CDH que se inauguró horas antes.

Acusó también al Gobierno venezolano de aprovecharse del hecho de ser uno de los 47 Estados miembros del CDH para bloquear cualquier discusión significativa sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.

«El CDH no tiene excusas. No puede considerarse a sí misma la organización líder en derechos humanos y continuar ignorando las violaciones y abusos que están ocurriendo en Venezuela», continuó.

Haley, quien es embajadora de Estados Unidos ante la ONU en Nueva York, es la primera funcionaria que ocupa este cargo en haberse dirigido al CDH, que funciona desde 2006.

La Administración del presidente Donald Trump todavía no ha nombrado al jefe de su misión diplomática ante la ONU en Ginebra, ni a su embajador ante el CDH, un cargo específico que fue creado bajo el Gobierno anterior.

La embajadora estadounidense acusó al Gobierno de Maduro de estar «desesperado por ocultar los abusos» que se cometen en Venezuela y de «sembrar miedo» entre quienes salen del país para que no cuenten lo que pasa al interior.

Denunció que además de sesenta muertos y más de un millar de heridos en la represión de las manifestaciones ciudadanas, hay 300 civiles que han sido llevados ante tribunales militares.

«La crisis económica, política y humanitaria en Venezuela requiere la atención del mundo pero solo hay un responsable: un grupo de funcionarios que han convertido uno de los países más ricos de América Latina en un lugar donde las madres buscan entre la basura para alimentar a sus hijos», señaló.

En el mismo evento, el representante de la ONG venezolana Foro Penal, que brinda defensa a detenidos en las manifestaciones, Alonso Medina Roa, denunció el uso de la Justicia militar para procesar a civiles, así como «la institucionalización de la tortura y de tratos crueles» por parte de las fuerzas de seguridad.

«La Justicia militar no opera como un aparato de justicia porque es un cuerpo dependiente, desde el punto de vista administrativo y operativo, del Poder Ejecutivo», sostuvo.

Por su parte, el director de la ONG Programa Libertad Refugiados, Julio Henríquez, indicó que las solicitudes anuales de asilo por parte de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, España y Colombia se ha disparado, con un total de 25.000 expedientes en estos tres países, hasta finales del pasado marzo. EFE