¿Son efectivas las medidas contra la «matraca» policial en Venezuela?
EFE / 800 Noticias
Los abusos policiales en Venezuela, que están a la orden del día, deben ser denunciados y grabados. Así lo considera el fiscal general afín al chavismo, Tarek William Saab, quien anima a los ciudadanos a documentar cualquier extralimitación de las fuerzas de seguridad del Estado con el fin de poder investigar los hechos y acabar con la ya normalizada corrupción entre los agentes.
Ante la urgencia de tomar medidas contra quienes abusan, maltratan y extorsionan a los ciudadanos, recientemente se hizo pública una resolución de los ministerios de Defensa y Justicia que establece la normativa para supervisar y dar seguimiento a los puntos de control policial y evitar así cualquier tipo de exceso.
El abogado y profesor de criminología Luis Izquiel explicó a Efe que el documento únicamente «ratifica» garantías ya reconocidas en otros instrumentos legales, pero que ahora «pareciera una manifestación de voluntad de que las cosas cambien».
Tal es el afán que hasta Nicolás Maduro pidió a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que garantice -sin explicar la fórmula que debe utilizar- la eliminación de «las trabas que se imponen en las alcabalas (controles)» a los ciudadanos, a quienes, de manera recurrente, les exigen una cantidad de dinero para permitirles continuar su camino.
Exigencias sin efecto
Pero, pese a la orden de evitar la corrupción en controles, estos siguen siendo espacios en los que policías y militares exigen «pagos al margen de la ley» y de manera arbitraria, según plasmó la ONG Transparencia Venezuela en un informe publicado el pasado mes de junio.
«Se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión», subrayó la organización en su investigación conjunta con la consultora Econanalítica, en la que identificó 322 alcabalas en vías regionales de todo el territorio.
No obstante, hay optimismo. Izquiel espera que el mandato sea ejecutado, y los comerciantes, transportistas y ciudadanos en general puedan recorrer el país sin ser víctimas de abuso por parte de las autoridades.
«En principio, pareciera una muestra de voluntad de que ahora las instituciones sí van a hacer cumplir o van a sancionar actos de corrupción o irregularidades en los puntos de control o alcabalas en Venezuela, pero eso estará por verse (…) lo que quedará es ver si, en principio, los funcionarios policiales y militares van a cambiar su conductas», dijo el experto.
Sin embargo, recordó que ya en 2006 y en 2017 se publicaron otras resoluciones sobre este tema que, aunque «no son tan amplias» como la actual, nunca se cumplieron.
Con Izquiel coincide el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien aseguró que, desde hace algún tiempo, las alcabalas representan «una permanente fuente de abuso y una manifestación de la violencia del Estado contra los ciudadanos».
«Ya en el pasado ha habido órdenes desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, incluso, limitando y estableciendo órdenes de que no se realicen actos de abuso contra los ciudadanos (…) esas medidas no se han cumplido por lo que, aunque esta resolución es algo positivo, de su cumplimiento dependerá la valoración completa de esta acción», dijo.
Grabar y evitar abusos
Grabar los procedimientos policiales en puntos de control, la orden de que nadie puede ser obligado a entregar teléfonos o grabaciones a las fuerzas de seguridad, la identificación visible de los policías y militares en alcabalas, y la prohibición del cobro «de dádivas, contribuciones y apoyos económicos» a quienes circulen son algunas de las normas.
Pero la nueva resolución no hace referencia a «delitos de corrupción», algo que lamenta Daniels, así como que el texto no explique los mecanismos de denuncia de fácil acceso a la ciudadanía.
A pesar de todo, Izquiel plantea, esperanzado, que si se resuelve la corrupción en los controles, la norma incidirá en el bienestar de la población, así como en los precios de los productos que recorren el país para llegar a los ciudadanos, en camiones cuyos conductores deben pagar para seguir su viaje, un costo que el consumidor final asume de manera indirecta. EFE
