SNTP denuncia 26 agresiones a la libertad de expresión en los primeros 30 días del año
Nota de prensa
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) redactó un informe que recopila las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión e información contra los trabajadores de la prensa, durante el mes de enero de 2017.
Venezuela es uno de los países de la región en el que el ejercicio profesional de los trabajadores de la prensa se encuentra seriamente comprometido por la violencia política, y más importante, por la ausencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales, como lo son el derecho a saber y a decir. Durante el primer mes del año 2017, el SNTP documentó 26 agresiones a la libertad de prensa y de expresión en solo 30 días. No hay disposición del Estado para preservar lo consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Al contrario, el autoritarismo y la hipersensibilidad a la crítica, lo convierten en victimario o cómplice de las violaciones que a continuación se detallan:.
El 4 de Enero, después de 4 días sin poder circular, el Complejo Editorial Alfredo Manerio (CEAM) prometió al Diario El Impulso, de Barquisimeto, papel prensa para 15 días. El 31 de diciembre de 2016 circuló la última edición de este diario regional que tenía meses exigiendo al CEAM el despacho del insumo cuya importación y distribución monopoliza. 189 trabajadores directos dependen del funcionamiento regular de este medio de comunicación. Sin embargo, no fue sino hasta el 9 de enero, cuando los trabajadores acudieron a la sede del Complejo Editorial, que se produjo la entrega del insumo que permitió retomar la circulación.
El 6 de enero, con amenaza de dispararles, un grupo de delincuentes robó su equipo fotográfico al fotoreportero Fernando Campos y su celular al periodista Reinaldo Escorcia, del diario Últimas Noticias, en las cercanías de la Plaza Pérez Bonalde, en Caracas. El equipo cumplía con la pauta de ejecutar un recorrido por las panaderías de la zona para documentar la escasez de harina de trigo.
El viernes 6 de enero, un hombre intentó quitarle la cámara al equipo la televisora TRT, en San Cristóbal, estado Táchira. El equipo, comandado por el reportero Ángel Duque, hacía tomas de una cola en un supermercado de la localidad cuando se presentó el incidente, tal como lo reportó Duque. La gente en la cola defendió al camarógrafo y evitó el robo.
El 7 de Enero, la Emisora “La Sonera” 105.9 FM, de la Victoria estado Aragua, quedó silenciada luego de que su sede fuera desmantelada por delincuentes. Este episodio se trató del noveno en la sede del medio y dejó a La Sonera sin equipos en su caseta de transmisión. Los 8 robos anteriores habían sido denunciados a las autoridades del estado Aragua; sin embargo, la seguridad nunca fue reforzada en la zona. En esta última ocasión los delincuentes robaron los cables que conectan la casa de transmisión con los postes de energía eléctrica, la caja de transferencia y distribución de cableado, la brekera, el alternador de la planta eléctrica, una batería, un aire acondicionado y otros equipos.
El 10 de enero, fue robado el equipo microondas de la televisora digital de la Asamblea Nacional “Capitolio TV” y secuestraron por varios minutos a Óscar Sánchez y Michael Acosta, técnicos del canal, con el objeto de impedir que el Parlamento sesionará en las instalaciones del Hospital Dr. José María Vargas, en Caracas. El gerente general de la planta televisiva, Ignacio Marcano, confirmó la información y responsabilizó del hecho a supuestos colectivos afectos al oficialismo. El diputado José Manuel Olivares reportó a través de Twitter que un grupo armado abordó a los técnicos y los despojaron de sus celulares, laptops y de la antena microondas. Reportó su liberación 40 minutos después.
El 11 de enero, Kristian Rodríguez, corresponsal en Carabobo del canal TV Venezuela, fue intimidada por un integrante del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras daba cobertura a la detención en la sede del Sebin en Naguanagua, norte de Carabobo del diputado Gilber Caro, junto a otros medios de comunicación. El funcionario le manoteó su teléfono celular mientras cubría una concentración en las afueras de ese organismo.
El 12 de Enero el fotoreportero Rayner Pena del medio digital “El Pitazo”, fue agredido por efectivos militares en las cercanías de la Contraloría General de la República, en Caracas. En un video grabado por el periodista que acompañaba al fotógrafo en la cobertura, Armando Altuve, se evidencia como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron limitar el trabajo y retener a Peña, quien hacía imágenes de la protesta de trabajadores de la Gobernación de Miranda, que acudieron al ente en respaldo a Henrique Capriles.
El 13 de enero, un día previo a la procesión que se realiza cada año de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara, el equipo de Globovisión, que se encontraba en la ciudad para hacer la cobertura, fue atracado. Esteninf Olivarez, periodista del canal, relató en sus redes sociales que varios hombres lanzaron un objeto hacia la avenida por donde circulaban en horas de la madrugada que obligó a uno de los equipos a detenerse y los hombres armados se acercaron y les pidieron los equipos de teléfonos.
El 17 de enero delincuentes se robaron el transformador y el tablero de la radio “Ondas de los Médanos” en la ciudad de Coro, estado Falcón. El periodista Jose Gregorio López denunció el hecho y solicitó a las autoridades tomar medidas para resguardar la sede de la radio y evitar esta clase de hechos que atentan contra el derecho al trabajo de quienes laboran en Ondas de los Médanos.
El 18 de enero un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana borró tomas de las inmediaciones de la sede del Consejo Nacional Electoral en Lara, hechas por el equipo de Telecentro en la región. La periodista Marianela Rodil denunció el atropello y violación del derecho al trabajo de los que fue víctima junto a su camarógrafo, Javier Rivero. Un funcionario le solicitó ver las imágenes registradas y lo obligó a borrar todo el material gráfico de su cámara que incluía tomas de la fachada del CNE y pautas anteriores realizadas por el equipo.
El 18 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana amedrentaron y despojaron de sus cámaras a los periodistas Daniel Mellado y Paola Belis, del diario El Clarín, durante la cobertura de una protesta de estudiantes universitarios por el aumento del pasaje, en la avenida Interindustrial de La Victoria, municipio Ribas del estado Aragua. En medio de un enfrentamiento entre los estudiantes y los efectivos castrenses, los reporteros fueron apuntados por los funcionarios que los obligaron a entregar sus equipos de trabajo que no fueron devueltos sino hasta después de una hora con lo que se impidió la cobertura con gráficas de los acontecimientos allí ocurridos.
El 18 de enero, Raúl Romero, fotógrafo del diario El Nacional y del portal HispanoPost, fue detenido por supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección de Contrainteligencia Militar cuando se encontraba reseñando una protesta en el Hospital General Dr. Victorino Santaella, en la avenida Bicentenario de Los Teques, estado Miranda. El reportero gráfico reportó que fue amenazado con un arma de fuego por tres hombres, quienes intentaron llevárselo a la fuerza y despojarlo de sus pertenencias. Romero fue conducido a la sede municipal de la Policía de Los Teques, de donde pudo salir luego con su equipo fotográfico y las imágenes que logró registrar durante la protesta.
El 18 de enero, el periodista Algimiro Montiel, corresponsal de El Pitazo en el estado Zulia, denunció haber sido amedrentado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que intentaron convencerlo de dejar de informar sobre hechos de corrupción en la frontera Colombo-Venezolana, específicamente en la zona de Paraguachón. La amenaza fue hecha por cuatro oficiales rasos y uno con rango que abordaron al periodista tras la publicación de un trabajo en el que se develó que funcionarios de la GNB cobran Bs. 3.000 por carro para llegar a Paraguachón.
El 19 de enero, Conatel abrió un procedimiento administrativo a la planta televisiva Globovisión por las declaraciones del diputado opositor Freddy Guevara, en el programa “Vladimir a la 1” realizado el 11 de enero, en las que instó a los venezolanos a iniciar “un proceso de resistencia pacífica” para presionar al gobierno y lograr la celebración de elecciones. Vladimir Villegas, conductor del espacio, calificó el hecho como violatorio a la libertad de expresión y lo consideró una manera de ejercer censura previa sobre el medio de comunicación, cuya gerencia se negó a dar detalles sobre el hecho.
El 21 de enero, el periodista Román Camacho reportó que funcionarios de la Policía del municipio Sucre, estado Miranda, limitaron la cobertura periodística de un suceso en las inmediaciones del Centro Comercial Milenium. Informó que los funcionarios en la zona le impidieron registrar las imágenes del hecho, pese a que se identificó con su carnet de prensa. Los funcionarios tomaron los datos del fotoreportero, quien luego de intentar infructuosamente mediar con los policías, se retiró del lugar.
El 22 de enero, el periodista español Aitor Sáez, corresponsal para la Deutsche Welle (DW), Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, fue enviado de regreso a Colombia luego de ser retenido seis horas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, estado Vargas, Las autoridades migratorias refirieron que no cumplió con los requisitos necesarios para ingresar al país. Sáez venía a Caracas con el objetivo de cubrir las movilizaciones del 23 de enero, entre otros hechos noticiosos.
El 23 de enero, tras 29 años de circulación, El Nuevo País anunció que dejaría de circular como diario y pasaría a ser un semanario. «Ante la crisis de papel que afecta a todos los medios de comunicación impresos de Venezuela, tomamos la decisión de ser un semanario y asegurar que podremos acompañar por mucho tiempo más a nuestro público», se lee en el comunicado en el que el impreso anunció la medida.
El 23 de enero, Román Camacho, reportero de La Patilla, y Jack Sáez, corresponsal de la Agencia internacional EFE, denunciaron ser víctimas de hurto durante la cobertura de una marcha convocada por sectores de oposición hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los reporteros se encontraban en diversos puntos de la Avenida Libertador cuando se dieron los robos.
El 23 de enero, con barricadas y equipos antimotín, unos cincuenta funcionarios de la Guardia Nacional (GN) impidieron que diputados de la Asamblea Nacional (AN) y periodistas llegaran hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la avenida Cancamure de Cumaná, estado Sucre. Estaba previsto que la marcha convocada llegará al CNE y un grupo de reporteros y sus equipos lograron ingresar tras la barricada; no obstante 15 minutos después fueron desalojados por un funcionario militar no identificado. En la misma oportunidad, otro oficial intentó despojar a la periodista de El Pitazo, Nayrobis Rodríguez, de su teléfono celular.
El 25 de enero, el Diario Católico, con 93 años de circulación continua, anunció su cierre indefinido por falta de papel. Con la medida 18 trabajadores de la prensa quedaron cesantes a partir del 31 de enero y la plataforma informativa migró a la web para poder continuar en su labor de informar a la comunidad católica y evangelizar.
El 26 de enero, Rafael Hernández, locutor de la estación Azul 95.5 FM, del Litoral Central (Vargas), fue interrogado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de que emitiera una serie de declaraciones con relación al deterioro de un puente en la localidad que coincidieron con el colapso del puente Guanape II, en esta entidad. El locutor relató al SNTP que los funcionarios acudieron a la sede de la emisora y le pidieron acompañarlo al organismo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde fue interrogado por más de tres horas.
El 30 de enero, Paola Cordero y Eleanis Andrade, periodista y fotógrafa del diario Versión Final, de Maracaibo (Zulia), fueron agredidas verbal y físicamente por una empleada de la alcaldía del municipio San Francisco, mientras cubrían una jornada del Carnet de la Patria en el Complejo Bicentenario Sur, de la parroquia Domitila Flores. La funcionaria insultó a las trabajadoras de la prensa y las acusó de “amarillistas”, “vendidas” y “traidoras”, antes de intentar arrebatarle la cámara fotográfica a Andrade quien terminó con un brazo amoratado tras el impase.
El 30 de enero, el diario La Nación, de Táchira, anunció mediante un comunicado que “la cantidad que mensualmente asigna El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), única empresa que vende el papel en el país, ya está llegando a su fin, pese a los ahorros, que han resultado insuficientes para mantenernos en páginas y circulación”. En el anuncio, hecho en primera página de su diario, exhortaban al Ejecuto a liberar la venta de papel para garantizar la sobrevivencia de los medios impresos en el país.
El 30 de enero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dependencia del Estado que regula las telecomunicaciones en el país, criminalizó la difusión de “El Comandante”, una serie producida por Sony Pictures Entertainment y transmitida por el canal colombianoRCN, inspirada en la vida del ex presidente venezolano, Hugo Chávez. A través de una serie de tuits, Conatel pidió a los ciudadanos denunciar a los operadores de servicios de televisión por suscripción en el país que difundieran la señal del canal colombiano. Estos mensajes luego fueron borrados de su cuenta en a Twitter @Conatel.
