SM Pharma inicia etapa previa al arbitraje internacional contra Venezuela por confiscación de su empresa
Nota de Prensa
Tal y como es del conocimiento público, desde 2015 la empresa productora de medicamentos SM Pharma, CA, sus accionistas y compañías relacionadas (también españoles), han sido objeto de constante acoso administrativo, por parte de las autoridades venezolanas, lo que finalmente derivó en su total y absoluta confiscación a finales de 2018 a manos de la Gobernación del estado Zulia, bajo la administración de Omar Prieto, y luego, directamente, por el Ejecutivo Nacional el 6 febrero de 2019.
El 10 de febrero de 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España envió reclamo formal a las autoridades venezolanas, manifestando su oposición a la ilegal confiscación ejecutada en contra de la empresa SM Pharma, C.A. Hasta ahora el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha respondido formalmente a ese reclamo.
Vista la ausencia de respuesta de Venezuela, los señores Raimundo J. Santamarta Devis, Raimundo Esteban Santamarta Ortega, SM Pharma C.A. y el Grupo SM Esamar, C.A, representados por la firma de abogados WDA Legal de Miami, notificaron formalmente a las autoridades venezolanas, a través de una carta de notificación de disputa, su deseo de proceder de conformidad con lo previsto en el APRI Venezuela- España (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Protección de Inversiones entre Venezuela y España) que establece un mecanismo de arbitraje internacional para resolver disputas cuando, precisamente, tal y como ocurre en el presente caso, algún inversionista extranjero ha sido objeto de medidas confiscatorias, discriminatorias, inequitativas, expropiatorias, sin justa y pronta compensación.
El APRI Venezuela- España, al igual que la gran mayoría de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, en su artículo XI (1)(2), establece un periodo de seis (6) meses durante el cual el gobierno anfitrión (Venezuela), debe atender y negociar de buena fe con el inversionista extranjero afectado injustamente por las medidas gubernamentales del primero. En el supuesto que tales negociaciones no produzcan un acuerdo amistoso, el inversionista queda facultado para iniciar un arbitraje internacional que será resuelto de acuerdo a ese APRI y el derecho Internacional consuetudinario.
SM Pharma CA fue fundada en Maracaibo, Estado Zulia en 1977 por un inmigrante español de origen asturiano (Esteban Santamarta del Río), quien, junto con sus hijos y nietos, logró implementar en Venezuela la tecnología y experiencia española en el sector, convirtiendo a la empresa en una de las más importantes del país, con inversiones y actividades productivas que incluyen la fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, biomédicos y afines o relacionados. Esas mismas inversiones incluían la propiedad de diversas plantas procesadoras, plantas de distribución, y cuantiosas maquinarias, vehículos, depósitos y otros activos de distribución. Sus inversiones incluían bienes intangibles en donde destacan sus diversas marcas. Todas sus inversiones generaron más de 600 empleos directos e indirectos, y el suministro a más de 360 droguerías en el territorio nacional.
La ejecución y materialización de las medidas gubernamentales en contra de SM Pharma CA, han traído como consecuencia la paralización productiva de la misma, agravando con ello la escasez de medicamentos que viene padeciendo la población venezolana y, adicionalmente, ha generado un alto riesgo de intoxicación y amenaza a la salud pública, en virtud de la grave contaminación que se ha generado en sus instalaciones por la impericia e irresponsabilidad de las autoridades venezolanas.
Raimundo J. Santamarta Devis, Raimundo Esteban Santamarta Ortega, SM Pharma C.A. y el Grupo SM Esamar, C.A, ratifican su compromiso con Venezuela y ofrecen su experticia para ayudar y apuntalar cualquier iniciativa pública o privada encaminada a restablecer la producción de fármacos en el país, pero exigen, con el debido respeto, el reconocimiento de sus derechos y garantías, reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico venezolano como por el derecho internacional.
