SIP condenó prohibición de salida del país a los 22 directivos de medios
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó hoy la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla.
La jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso la medida tal como lo solicitó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril.
“La prohibición muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político”, expresó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
Los tres medios reprodujeron una información del diario españolABC basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello.
«La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela», recuerda la SIP.
Entre los 22 afectados por la orden judicial figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
Mohme denuncia que «no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debe citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular».
De acuerdo con el presidente de la SIP, el procedimiento judicial «rompe con los principios» establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los «medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que la acción judicial ocurre entre graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes que han “desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro”.
“Este acoso judicial es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros”, indicó Paolillo.
A su juicio, el gobierno intenta montar una extensa maquinaria de propaganda, que “conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia”.
Info de El Nacional
