SIP alerta sobre «acoso judicial» contra periodistas en Paraguay
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su «preocupación» ante el «acoso judicial» contra la directora y un periodista del diario ABC Color de Paraguay, demandados por «difamación» en varios procesos penales.
La entidad con sede en Miami (EEUU) informó en un comunicado que las demandas penales y civiles suelen usarse para amedrentar a los medios y fomentar la «autocensura».
La SIP destacó que la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, están acusados en tres procesos penales interpuestos por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, durante la Presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018).
González Ayala presentó una demanda por difamación por seis notas divulgadas entre el 27 de marzo y el 22 de abril de 2019, en la que pidió una pena privativa de libertad y una compensación de 1,4 millones de dólares.
Otra querella, por calumnia y difamación, está vinculada a notas divulgadas entre el 15 y el 21 de marzo de 2021, mientras que la tercera demanda sobre supuestos delitos contra el honor y la reputación fue presentada por el abogado Jacinto Santa María, esposo de la exviceministra.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que informes y resoluciones de la institución que lidera muestran cómo «en muchos países las demandas por difamación son utilizadas por funcionarios públicos para contrarrestar las denuncias por corrupción en su contra».
Agregó que, en el caso de Paraguay, alarma porque, subrayó, «no hemos logrado influir en los legisladores y Gobiernos para que ‘descriminalicen’ la difamación, como sí se logró en otros países del continente».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, por su parte advirtió sobre «el efecto paralizante, intimidatorio, que acompaña estos litigios».
Es «el llamado ‘chilling effect’ (efecto paralizador), por el cual se busca perjudicar económicamente a los medios y desalentar el periodismo de denuncia, al requerir recursos, expertos y tiempo para atender las demandas», sostuvo.
Canahuati y Jornet señalaron que la SIP viene pidiendo desde hace muchos años que las demandas por injuria y calumnia, cuando involucren a funcionarios públicos, se atiendan en la jurisdicción civil y no criminal.
El organismo regional pidió también que, para evitar abusos, se establezcan límites a los montos de las indemnizaciones, porque muchas veces las reparaciones altas tienen la intención de dañar económicamente a los medios.
La SIP instó a las autoridades paraguayas a sumarse a la tendencia de países del continente que han acogido los estándares jurídicos interamericanos sobre despenalización de estos delitos.
