Sin Mordaza «documentó 12 detenciones y asesinatos relacionados con medios de comunicación»
800 Noticias/FotoReferencial
Venezuela en cifras 2022 es un informe anual realizado por la ONG Sin Mordaza, en el que año tras año recaudan información sobre las violaciones e impacto de los derechos humanos en el país. En el documento se observa claramente el impacto de los derechos humanos en nuestra sociedad y resalta aspectos fundamentales que merecen nuestra atención y compromiso.
El informe aborda siete derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, los cuales describen la situación general de Venezuela en el 2022: En primer lugar, se destaca la violación del derecho a la libertad de expresión y a la información en Venezuela, donde se han registrado preocupantes violaciones a la libertad de expresión y a la información. «Se han documentado 12 detenciones y asesinatos relacionados con los medios de comunicación», dice Sin Mordaza
Además, se han reportado 89 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones dirigidas hacia canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio. También se han registrado 11 casos de bloqueos de páginas web y redes sociales. Estos datos revelan la gravedad de la situación, donde se restringe el acceso a los medios de comunicación y se hostiga a periodistas y comunicadores. «La protección de la libertad de expresión es esencial para una sociedad democrática, y es responsabilidad de todos asegurar su preservación en todas sus formas» dice Sin Mordaza.
En materia ambiental, el informe revela datos preocupantes sobre el deterioro ambiental en Venezuela debido al abandono, la actividad extractivista y la falta de atención por parte del Estado. Se han destruido 5.134.000 hectáreas de áreas protegidas, se han registrado 86 derrames petroleros y se han identificado 1781 puntos de minería ilegal cerca de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Estos problemas reflejan el abandono y la falta de atención estatal hacia el medio ambiente. «El derecho a un medio ambiente sano es esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y debemos trabajar juntos para preservarlo y protegerlo».
En cuanto al sistema educativo, el informe resalta las deficiencias en el sistema educativo venezolano y las carencias en el sistema educativo venezolano, donde solo 10 de 71 universidades públicas gozan de plena autonomía y un 38% de las escuelas carecen de recursos educativos. Estas limitaciones afectan el acceso a una educación de calidad y la libertad académica. «El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que debe ser asegurado para cada individuo, sin importar su origen o circunstancias» SM.
Sobre la importancia de la libre asociación y el derecho a la protesta pacífica, el informe revela que se han reprimido 114 manifestaciones, lo que ha resultado en 35 personas detenidas y 21 personas heridas. Estos datos resaltan la preocupante situación en cuanto al respeto de los derechos humanos. Dado que las demandas laborales y sociales son frecuentemente expresadas a través de protestas pacíficas, es fundamental proteger y respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente y sin represalias. «La libertad de asociación y la protesta pacífica son derechos esenciales en cualquier sociedad democrática, y es nuestro deber garantizar su protección y promoción».
En materia de seguridad, se registraron altas tasas de muertes violentas, especialmente las presuntamente causadas por autoridades que constituyen violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Se registraron 9,367 muertes violentas en total, lo que resulta en una tasa de 35.3 por cada 100,000 habitantes. Si se incluyen los casos de desapariciones, la tasa aumenta a 40.4 por cada 100,000 habitantes. No hubo variación en la violencia comparado con el año anterior y la tendencia a la disminución de muertes violentas se detuvo en 2022.
El Estado ha fallado en investigar y prevenir la mayoría de estas muertes, violando su obligación de proteger el derecho a la vida de manera efectiva. Además, las altas tasas de muerte, particularmente las presuntamente por funcionarios, contradicen el derecho a la integridad física consagrado en normativa internacional.
En el caso de nacionalidad y extranjería, la insuficiencia de la representación diplomática y consular venezolana en el exterior ha violado múltiples derechos de los migrantes y refugiados venezolanos, incluyendo el derecho a la participación política, la protección consular, la nacionalidad, la identificación, el acceso a la justicia y el principio de no discriminación. Esta red consular limitada ha obstaculizado la asistencia, la renovación de documentos de identidad y la posibilidad de regularizar la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en el exterior, lo que ha dejado a muchos en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
En séptimo lugar, la situación económica en Venezuela durante el año 2022 constituyó una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, con impactos devastadores en el acceso a bienes y servicios básicos, el empleo y la protección contra la discriminación. Los datos mostraron una inflación anual del 305,7%, una canasta básica que requería ingresos 53 veces mayores al salario mínimo, altos niveles de pobreza y una contracción económica real, a pesar de un aparente crecimiento del PIB. Estas medidas violan tratados internacionales que garantizan el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación y el derecho a un trabajo justo, entre otros.
Además, es importante señalar que el Estado no cumplió con su responsabilidad de tomar medidas para fomentar el avance constante de estos derechos, lo cual va en contra del principio de no regresividad y de la obligación de mejorar progresivamente las condiciones. Esto significa que no se tomaron las acciones necesarias para garantizar que los derechos humanos se fortalezcan y se protejan cada vez más. Esta falta de acción por parte del Estado es preocupante, ya que impide que la sociedad avance hacia una mayor protección y disfrute de los derechos fundamentales.
En noveno lugar, la falta de acceso continuo y efectivo a servicios básicos como agua, electricidad y gas en Venezuela durante el año 2022 constituyó una violación al derecho humano a un nivel de vida adecuado de su población, y una clara evidencia de la incapacidad del Estado para proveer servicios públicos esenciales.
Los datos disponibles sobre la percepción negativa del agua potable, los cortes de luz y los problemas en el suministro de gas muestran una situación crónica y generalizada en el país. Esto viola tratados internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado y obligan a los Estados a proveer servicios públicos e infraestructura, y contradice el principio de prohibición de la regresividad al adoptar medidas que afectan negativamente el ejercicio efectivo de este derecho.
Por otro lado, en cuanto al sistema de Salud, la falta crónica de recursos médicos y personal en el sistema de salud de Venezuela durante el año 2022 ha resultado en la violación del derecho humano a la salud y la vida de la población. Los datos disponibles sobre muertes por fallos de equipo médico y electricidad, muertes por infarto y trauma debido a la falta de atención adecuada, y la caída de ingresos del personal médico, revelan la incapacidad del Estado para garantizar la atención médica adecuada y la protección de la salud y la vida de la población.
Además, la falta de información confiable y la opacidad en la gestión de la crisis sanitaria violaron el derecho a la transparencia consagrado en la normativa internacional. Esto constituye una violación de los derechos humanos a la salud y a la vida, protegidos por tratados internacionales como la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado venezolano ha incumplido su obligación de proveer atención médica adecuada y suficiente, y de garantizar el acceso a servicios de salud básicos, lo que ha resultado en muertes evitables y una situación de emergencia sanitaria que ha incapacitado al Estado para cumplir con sus obligaciones.
En conclusión, los datos presentados en el informe de Venezuela en cifras 2022 resaltan la importancia de abordar los desafíos relacionados con los derechos humanos en nuestro país. La libertad de expresión, el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a una educación de calidad y el respeto a la protesta pacífica son elementos fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa.
Con información de NP
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias
