SIN COBRAR| Cuatro mil pensionados y jubilados venezolanos residentes en España reclaman su dinero
El Mundo de España
Las largas noches en vela esperando a que su hijo adolescente volviera a casa a salvo tras acudir a una fiesta, la sensación de persecución continúa y el estrés ante un posible robo son sensaciones que para el venezolano Pedro Manuel Ontiveros, de 71 años, quedaron atrás hace mucho tiempo. La violencia acuciante en Venezuela -la gota que colmó el vaso fue cuando asaltaron a su mujer- y las raíces españolas de su esposa fueron las razones de peso que le trajeron a España hace ya 13 años. «Los problemas que hay son serios, allí por un calzado bueno te pueden hasta matar, es una situación de inseguridad tremenda», explica Ontiveros, que posee la doble nacionalidad.
Lo que no podía prever Ontiveros, que trabajó durante 20 años como profesor en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Caracas, es que los problemas de su país natal le continuarían persiguiendo. Él, como 12.000 jubilados y pensionistas venezolanos que residen en el extranjero, no percibe desde 2015 el dinero que le corresponde tras retirarse. En España, son alrededor de 4.000 venezolanos los que atraviesan esta situación y 1.800 sólo en Madrid, según datos aproximados de Ontiveros, que en la actualidad preside la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos de la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA), que se creó el pasado de 13 de agosto ante la gravedad del problema.
Una coyuntura que se debatió en la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de septiembre y que la diputada Sonia Medina, presidenta de la subcomisión especial que investiga el estado de las divisas para los venezolanos en el exterior, pidió declarar como «emergencia migratoria», informó el periódico El Nacional. Medina destacó «la situación de mendicidad» en la que se encuentran no sólo los 12.000 retirados, también los 25 mil estudiantes que se hallan fuera del país latinoamericano.
De esa precariedad da fe Beatriz Corona, de 57 años y vicepresidenta de ASOPEJUVECMA. Fue profesora de técnica vocal y, tras 16 años en España, ella comenzó a cobrar su pensión venezolana a finales de 2014. Ahora, depende completamente de su hija. A raíz de su labor en la organización ha conocido otros casos de venezolanos que tienen dificultades para trasladar su pensión o que dejaron de cobrarla, como el de I. G., de 77 años, cuya familia prefiere mantener el anonimato. Él nació en Canarias, pero emigró a los 18 años a Venezuela. Tras una vida entera trabajando, comenzó a recibir una pensión de invalidez por problemas de salud. En noviembre de 2014, su familia decide volver a España, solicitan el traslado de la pensión, pero «quedamos en blanco», asegura su hija, que intenta buscar alternativas en España para mantenerlo. «Hay un porcentaje alto de casos en estas condiciones o peor y otros que todavía pueden ayudarse con sus ahorros, pero que en un par de meses estarán haciendo cola en Cáritas y en los comedores sociales, después de haber entregado 35, 40 ó 45 años de trabajo a Venezuela», subraya Corona.