Ser joven en Venezuela: una carrera contra la falta de oportunidades
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Gritemos con Brío, como plataforma de activismo social y político, enfocado en la juventud venezolana, realizó una encuesta virtual con la intención de conocer las impresiones de este sector, acerca de las condiciones de trabajo que perciben en el país en medio de una Emergencia Humanitaria Completa, agravada por la pandemia del COVID – 19 a mediados del año 2020.
Producto de una continua y generalizada crisis política, económica y social, caracterizada por el debilitamiento de las instituciones democráticas, un sistema económico condicionado por la hiperinflación y el resultante y constante incremento de la conflictividad social, los jóvenes se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema. Dicha realidad, se ha traducido en un fenómeno migratorio masivo (57% de los migrantes venezolanos, hasta final del 2019 tenían entre 15 y 29 años) y en el crecimiento del empleo informal (64.5% según la encuesta presentada por la plataforma)
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 87: “Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo…” y 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…”Sin embargo, para el actual régimen político que ejerce el poder en el país, tal marco constitucional pareciese carecer de carácter vinculante, considerando que más del 50% de los encuestados percibe ingresos mensuales inferiores a $50 americanos -por debajo de la línea de la pobreza extrema que establece un ingreso mínimo de $1,90 diarios-.
El desempleo en Venezuela, según el FMI (Fondo Monetario Internacional), alcanzaba el 44.3% en el año 2019 y dentro de este panorama, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida ENCOVI 2018, el desempleo juvenil alcanzaba el 23%, pero los resultados recogidos en la encuesta presentada demuestran un aumento hasta el 54.4%, considerando el agravante de la pandemia del COVID – 19 que podría haber dejado sin fuentes de ingresos aproximadamente a 18.3% de los jóvenes del país, según las mismas estimaciones.
La falta de respuestas desde el régimen de Nicolás Maduro, deja en incertidumbre al futuro del país y esto se asocia directamente con que 74.6% de los encuestados no considera que exista un marco legal que promueva el ingreso laboral para los jóvenes, aun cuando el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder catalogó el desempleo de este sector como “uno de los mayores dramas sociales de nuestros tiempos”.
El Plan Chamba Juvenil, principal propuesta del gobierno de facto venezolano para atender este problema, no ha brindado las condiciones mínimas para permitir su auditoría desde la ciudadanía, siendo opacas sus actividades y sus resultados, y la primera demostración de tales afirmaciones, es que al ingresar al portal web oficial el usuario encuentra una planilla de inscripción en lugar de información general sobre el “Programa de incorporación al trabajo para los jóvenes”.
En consideración de esta plataforma, el engranaje entre el derecho a la educación de calidad y el derecho al trabajo digno, construyen un futuro de prosperidad, pero en las actuales condiciones del país, este se encuentra paralizado y sin signos de mejoría. Una estabilización económica solo será posible si se logra un escenario donde la certidumbre y la capacidad de trazar proyectos a largo plazo, supere a los riesgos que actualmente enfrentan los ciudadanos del país en todos los ámbitos vitales.
Ante este complejo escenario, sirva esta consulta pública como un llamado a la acción ciudadana, en defensa de condiciones de vida dignas para los que se incorporan tanto a las aulas de clases, como a las actividades productivas, ya que ambos sectores se encuentran cada día más disminuidos y afectados en su interés central de generar bienestar y mayor prosperidad social y económica.
Propósito y metodología
En atención al creciente estado de vulnerabilidad anteriormente descrito, Gritemos con Brío, diseñó y ejecutó la presente investigación con el objetivo de conocer la situación laboral de los jóvenes entre 15 y 35 años de edad, a través de la aplicación de una encuesta de preguntas cerradas como instrumento de recolección de datos.
En tal proceso, participaron de forma voluntaria seiscientos cincuenta (651) jóvenes de toda Venezuela durante el segundo mes de cuarentena total a través de redes sociales, de los cuales, 46,6% pertenece al rango de edad entre 22 y 28 años, 31,5% al rango de 18 a 22 años, 16,9% al rango de 28 a 35 años y 4,9% al rango de 15 a 18 años.
La educación como herramienta de superación
En los entornos democráticos caracterizados por la preeminencia del Estado de Derecho, la Educación se convierte en un factor estrechamente ligado a la idea de superación personal, el crecimiento económico individual y nacional, y más o mejores oportunidades laborales. Es así, como los individuos que atraviesan un proceso educativo que trasciende al nivel de superior de la Educación, normalmente, pueden optar por empleos en los que gocen de mejores beneficios laborales.
De acuerdo a esa premisa, Gritemos con Brío consideró necesario aproximarse en primer lugar a la situación educativa de los jóvenes venezolanos, luego, conocer la realidad laboral que perciben para finalmente esbozar, de acuerdo a los resultados, el estado actual de la relación entre el ámbito educativo y el laboral.
Del total de encuestados, 57,4% se encuentra cursando algún nivel de la Educación, desglosado de la siguiente forma: 89,7% cursa alguna carrera de pregrado, 5,5% algún postgrado, 4% la secundaria y 0,8% algún tipo de doctorado. 54,83% de los encuestados completó la secundaria y se encuentra estudiando algún pregrado.
Tales resultados sugieren que incluso, ante el desarrollo de fenómenos como la migración masiva de venezolanos y los crecientes índices de deserción escolar, todavía existe en el joven venezolano una inclinación a estudiar, arraigada en la tradición. Sin embargo, esa motivación, no implica la culminación efectiva del proceso educativo, pues una vez cursando alguno de los niveles de la Educación, el joven se halla más vulnerable en términos económicos en el corto plazo.
Estudiar no garantiza nada. Una oscura percepción.
En tal sentido, es importante tener en cuenta los condicionantes que inciden sobre cada resultado. En los primeros dos casos, incide directamente el debilitamiento progresivo de la institucionalidad en Venezuela, desde la propia Administración Pública hasta el sistema de contrataciones en el sector privado, en los cuales, mecanismos de ingreso como los concursos de oposición y la evaluación de credenciales, que estimulaban la competencia y la superación personal, han sido reemplazados por esquemas de lealtad en lo público, o confianza en el ámbito privado.
Sobre el último resultado, el impacto se asocia directamente con el atraso curricular subyacente a todo el sistema educativo venezolano. Organizaciones como PROVEA y el Observatorio Educativo de Venezuela han señalado que el diseño curricular del subsistema de educación básica, habiendo atravesado al menos tres reformas no consolidadas, sigue afianzado al diseño de 1997; mientras que, en el ámbito de la educación superior, las reformas curriculares se han visto limitadas por el continuo asedio al principio de autonomía universitaria y las afectaciones al derecho humano a la libertad académica. Este complejo escenario, en el que intervienen de forma más frecuente elementos autoritarios e ideologizantes, que devienen en una diferencia cada vez más acentuada entre el sector público y el sector privado de la Educación, y una creciente brecha comparativa al respecto de los referentes educativos regionales más próximos.
Tales consideraciones se congregan en la percepción juvenil de no encontrar garantías de crecimiento económico en el proceso educativo, reforzada, además, por las condiciones impuestas por el contexto hiperinflacionario en el que los jóvenes económicamente activos están obligados a buscar más y mejores ingresos económicos para cubrir la pujante suma de necesidades.
A partir de este punto, es posible introducir algunos supuestos que infieren las percepciones juveniles en torno a la valoración del proceso educativo.
El desempleo, una variable más constante y profundizada por la cuarentena
Sin embargo, también se evidenció que el índice de desempleo aumentó aceleradamente con la propagación del COVID-19 y el consecuente decreto de cuarentena total en el país, elementos que condujeron a la paralización de actividades a nivel general en Venezuela, con excepción parcial del sector salud y los organismos de seguridad del Estado.
Al reducir o paralizar las actividades productivas y comerciales en todos los niveles del mercado, el decreto de cuarentena ha impactado directamente en la situación laboral de los jóvenes, considerando que este panorama de paralización implica una reducción en la capacidad empresarial de mantener la nómina y sus respectivos salarios; de hecho, 60,8% de los encuestados tenía empleo antes de la pandemia.
La necesidad tiene cara de informalidad
También fue posible estudiar la opinión de los encuestados acerca de las condiciones en las que trabajan, de ahí a que el 64,5% considere que no tiene un empleo formal, 24.5% superior al 40% publicado por Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2019. A su vez, entre aquellos que sí consideran tenerlo, 75,7% no cuenta con un contrato ni con beneficios más allá del salario, lo cual implica que ciertas características de la informalidad han sido adoptadas por estructuras empresariales revestidas de formalidad, tal vez, para hacer sostenibles sus actividades y las de sus trabajadores.
En Venezuela, el contexto hiperinflacionario y de constante devaluación del Bolívar, ahora soberano, ha promovido en el sector empresarial el establecimiento de mejores incentivos laborales a la par del sacrificio de otros, por lo que es común observar salarios calculados o pagados en dólares, pero una creciente ausencia de los beneficios provistos por la Ley Orgánica del Trabajo, como el cálculo de pasivos laborales (vacaciones, prestaciones y utilidades) o las cotizaciones ante el Seguro Social, y la inexistencia total de beneficios privados que eran parte de las ofertas laborales competitivas hasta hace unos seis años, como el contrato colectivo o las pólizas de HCM.
No obstante, la desaparición de tales beneficios o derechos laborales responde a la necesidad de incrementar el poder adquisitivo del trabajador en un contexto signado por la hiperinflación y la estandarización de precios de bienes y servicios a referentes internacionales (con excepción de la gasolina y los servicios públicos).
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