Senador acusa a Morales, Correa y Maduro de «injerencia» en asuntos de Brasil
EFE
El senador brasileño Aloysio Nunes, jefe de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, acusó este martes a los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; y Venezuela, Nicolás Maduro, de incurrir en una «grave injerencia» en los asuntos internos del país.
En un comunicado emitido a título personal, Nunes afirmó que esos tres presidentes suramericanos «difamaron» los trámites que se han iniciado en Brasil para evaluar un posible juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, por haber calificado el proceso como un «golpe de Estado» y «un nuevo plan Cóndor».
El senador del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) defendió la legalidad del trámite del juicio político, que se realiza «al amparo de la Constitución».
Asimismo recalcó que las instituciones democráticas están «plenamente vigentes» en Brasil y en el país existe libertad de prensa y «plenas garantías» a la libertad del poder judicial, la Fiscalía y la Policía.
En la nota, Nunes aseguró que la movilización de manifestaciones opositoras «en defensa de la democracia» en ciudades de todo Brasil «aterroriza a los tiranitos bolivarianos que hace mucho demolieron las instituciones democráticas en sus países».
La propia Rousseff calificó este martes como un intento de «golpe» el proceso con el que la oposición pretende despojarla de la Presidencia.
La semana pasada, Morales pidió a su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, que preside temporalmente la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que convoque «de emergencia» a una reunión del bloque para «defender» a Rousseff.
Tanto Morales, como Correa y Maduro han respaldado a Rousseff en varias ocasiones en las últimas semanas y han denunciado lo que consideran un intento de «golpe» por parte de la oposición.
Una comisión de 65 diputados está analizando el mérito jurídico de las acusaciones presentadas contra la mandataria por parte de la oposición, que la acusa de unas irregularidades en los balances del Gobierno de los últimos dos años.
Si esa comisión aprueba el inicio del juicio político, este se decidiría primero en la Cámara de los Diputados, donde se necesita el voto favorable de dos tercios del pleno, y luego en el Senado, donde bastaría una mayoría simple para ratificar la destitución.
