Senado de Brasil realizará este martes el debate final sobre destino de Rousseff
EFE
La comparecencia de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el proceso que le puede costar la destitución concluyó ayer lunes y el Senado dejó para este martes el debate previo a la votación final.
Este martes se celebrará el debate final, en el que los 81 senadores podrán hablar por 10 minutos y en el que la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media cada uno, con derecho a sendas réplicas de una hora, por lo que si se respetan los tiempos, la sesión se puede extender por 18 horas.
Una vez acaben las deliberaciones, tendrá lugar la votación final, que se realizará de forma nominal, lo que previsiblemente ocurrirá la madrugada del miércoles, según cálculos del presidente del Senado, Renán Calheiros.
Para que se apruebe la destitución, será necesaria una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) entre los 81 senadores, una cifra que se presume accesible para los favorables a la salida de la mandataria.
En dos votaciones previas realizadas en fases anteriores del proceso en la Cámara Alta, los que apoyan la destitución de Rousseff sumaron 55 y 59 votos.
Rousseff manifestó su temor a la «muerte de la democracia» en su intervención final
La intervención de Rousseff ante el Senado se prolongó durante casi 14 horas, tiempo en el que respondió las preguntas de los 48 senadores que se inscribieron para hablar.
Esta fue la primera comparecencia de Rousseff en el Senado desde que, el 12 de mayo pasado, se instauró el juicio político y fue suspendida del cargo, asumido por su entonces vicepresidente Michel Temer, quien seguirá en el poder si ella finalmente es destituida.
En su discurso y a lo largo del interrogatorio, Rousseff denunció que el país está «a un paso de un golpe de Estado» y manifestó su temor a la «muerte de la democracia» y a que no tengan continuidad las mejorías sociales que se alcanzaron durante su Gobierno y el de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
También dijo que «ni mínimamente» se ha probado que hubo intencionalidad por su parte al firmar los decretos con los que alteró el presupuesto y por los que se le acusa de haber cometido un «delito de responsabilidad», que la Constitución establece como un motivo para la destitución de un jefe de Estado.
En su alegato final, le pidió a los senadores que tengan «conciencia» a la hora de votar y les advirtió que es «muy grave apartar una presidenta de la República sin delito de responsabilidad», lo que será una «herida muy difícil de ser curada».