Senado chileno rechaza inhabilitar al gobernador de Santiago por protestas
EFE
El Senado chileno rechazó este martes destituir e inhabilitar al intendente (gobernador) de la región Metropolitana de Santiago, Felipe Guevara, por su política para desincentivar, a través de la ocupación policial de espacios públicos, las protestas que sacuden al país desde hace más de tres meses.
La «acusación constitucional», presentada por la oposición de centro-izquierda e izquierda y aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de enero, cosechó 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones en la Cámara Alta, lejos de los 22 votos que necesitaba para su aprobación.
«He tenido en todo momento el respaldo de un gran equipo de Gobierno y del propio presidente Sebastián Piñera (…). Con mucha humildad recibo este resultado», reconoció tras la votación Guevara, quien en las próximas horas se reincorporará a su puesto.
La oposición presentó la iniciativa bajo el argumento de que Guevara violó el derecho de expresión y de reunión al poner en marcha la llamada política «de copamiento», que consistió en el despliegue de miles de agentes y en el cerco de Plaza Italia, una rotonda del centro de la capital convertida en epicentro de las protestas.
«Lo que ha hecho el intendente de Santiago es cumplir con su deber de proteger el orden público y seguridad ciudadana utilizando los instrumentos que la ley otorga», señaló horas antes de la votación Piñera, contra quien la oposición presentó en diciembre otra acusación que no prosperó.
La inhabilitación que sí se aprobó fue la impulsada contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años por la dureza con que los cuerpos policiales reprimieron las protestas al inicio de la crisis.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad por parte de organismos como la ONU o Amnistía Internacional.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario para convocar un plebiscito sobre una nueva Constitución.
