Sector de la construcción quedará por fuera del crecimiento económico de 2024
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El crecimiento económico que especialistas y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan para Venezuela en 2024 y que se sitúa en un promedio de 4% anual, no llegará al sector construcción en el ámbito de las empresas privadas.
Se trata de un área de desarrollo que en 2023 cerró con un declive de 98% y la pérdida de poco menos de un millón 700 mil puestos de empleo.
Del millón 700 mil puestos de empleo que mantuvo el sector en los últimos años, para 2024 apenas alcanza una nómina de no más de 40 mil trabajadores. “A esto nos referimos cuando hablamos de un descenso de 98%”, afirma Francisco Pimentel, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).
Precisamente, Pimentel no augura mejoras por lo menos para 2024 y las razones van más allá de la situación económica actual del país, se trata de un sector que estará al margen del resurgir económico proyectado para este año debido a trabas de tipo legal y estructural.
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Marcos legales que, según indica el presidente del gremio, atentan contra el desarrollo del sector y que ha ocasionado la imposibilidad de concretar proyectos habitacionales desde el sector privado, así como la migración interna de empresas constructoras hacia otras ramas de la economía para poder subsistir.
Sin posibilidad de construir
El déficit habitacional en Venezuela, según cifras de la Cámara Venezolana de la Construcción en 2022, es de 2 millones 200 mil viviendas, unos números que Francisco Pimentel advierte que se mantienen en la actualidad y que no incluyen las que deben repararse o mejorarse debido a deficiencias en infraestructura.
De estas cifras, indica el vocero gremial, no hay certezas en cuanto a la cantidad de viviendas que se están construyendo desde el sector público. “Hay proyectos de la Misión Vivienda que están paralizados y otros que están culminando, dependiendo de la región del país”, subraya.
También indica que, en zonas urbanas y rurales, hay viviendas que tienen deficiencias severas de servicios públicos falta de vialidad o que la construcción no es la más adecuada. “Esas viviendas deberían ser sustituidas por unas de mejor calidad”, resalta.
Y bajo este panorama, más allá del contexto económico, la imposibilidad de reflotar este sector radica en marcos legales que juegan en contra y que el presidente de la CVC advierte que son muy “restrictivos”.
Al ofrecer detalles, indica que se trata de dos leyes en particular. La Ley del Deudor Hipotecario, del año 2007, y en específico en su artículo 23, el cual establece la prohibición de la venta de viviendas en moneda extranjera.
“Entonces, en un país donde cualquier desarrollo inmobiliario se demora tres o cuatro años en culminar, donde hay devaluación de la moneda y que atraviesa procesos inflacionarios, vender a precios fijos en bolívares es imposible, porque al final de esos tres o cuatro años que demore en construir las viviendas, el precio va a estar totalmente devaluado”, detalla.
El segundo marco legal al que apunta Pimentel es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, sobre todo en su artículo 24, el cual establece que el precio de la venta de la vivienda, en construcción o aún no construidas, se calculará en base a la sumatoria de el valor actual del terreno sobre el cual se edificará, el costo total de la obra incluyendo urbanismo, áreas accesorias, servicios y equipamiento urbano.
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