Tribunal acepta solicitud de antejuicio contra diputados opositores
CARACAS (AFP) – El Tribunal Supremo de Justicia venezolano aceptó este jueves solicitudes de antejuicio contra dos diputados opositores acusados de peculado y soborno, un caso que opositores denuncian como una «retaliación» política en el marco de la solicitud de superpoderes para el presidente Nicolás Maduro.
«El Tribunal Supremo de Justicia, en reunión extraordinaria de Sala Plena, declaró su competencia sobre las solicitudes de antejuicio de mérito (…) contra los diputados a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera López y María Mercedes Aranguren Nassif», informó la institución en un comunicado.
Las solicitudes de antejuicio fueron presentadas por la fiscal general, Luisa Ortega Días, que acusa a Aranguren, diputada exchavista ahora en la oposición, de malversación de fondos públicos, y a Caldera de recibir sobornos.
«La Sala acordó convocar a una audiencia pública donde los parlamentarios y la fiscal general de la República, deberán exponer sus argumentos en relación a la solicitud de antejuicio», añade el comunicado, que no aclara sin embargo la fecha de la diligencia.
Luego de que la fiscal presentó la solicitud de antejuicio contra Aranguren, la legisladora señaló que forma parte de la «retaliación política» porque se ha negado a apoyar la solicitud de ley habilitante presentada la semana pasada por Maduro.
El oficialismo necesita 99 votos (tres quintas partes del Legislativo) para aprobar la ley habilitante, pero le falta un diputado y la oposición ha reiterado que no la apoyara por considerar que podría ser utilizada con fines políticos.
De ser sometida a un juicio, Aranguren tendría que dejar su escaño a su suplente, quien según la legisladora y sectores de la oposición también es buscado por el oficialismo para que dé su voto y consigan al diputado 99 para aprobar la ley habilitante.
Maduro solicitó poderes especiales durante un año para emitir decretos en materia de combate a la corrupción y de una supuesta «guerra económica» del sector privado ligado a la oposición.
Caldera es acusado de haber recibido dinero de un empresario para el financiamiento de la campaña presidencial de Henrique Capriles, actual gobernador de Miranda (norte) derrotado por Maduro en la elección del 14 de abril por una diferencia de 1,49 puntos porcentuales, resultado que la oposición ha impugnado en foros internacionales.
