Reconocimiento, respeto y agenda son indispensables para el diálogo
Más de 54 días de protestas, 39 muertos, más de 2.200 detenciones, más de 100 privados de libertad, una comisión de Unasur visitó el país, el Vaticano admitió la posibilidad de facilitar las conversaciones entre las partes, 5 mecanismos de acercamiento político y económico impulsados por el Ejecutivo desde febrero y todavía el diálogo entre el gobierno y la oposición no se concreta.
El provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, Arturo Peraza, y el especialista en negociación de la Universidad de Harvard Gustavo Velásquez coincidieron en que el diálogo no solo es necesario para bajar las tensiones, sino que es indispensable para garantizar la gobernabilidad en este momento.
Ambos resaltaron, además, que ello no será posible mientras los representantes de cada sector sigan atados a posturas intransigentes, mantengan un verbo descalificador del otro y no acepten la existencia del contrario. Una facilitación del diálogo, dicen, será necesaria, pues la confianza de cada sector en su opuesto no existe y sin ella no es viable avanzar.
Sin instituciones
Peraza, que pertenece a la misma congregación católica del papa Francisco, destacó que las protestas pacíficas y ajustadas a la Constitución son un derecho irrenunciable de la ciudadanía: “No importa si se es mayoría o minoría, no importa quién ganó o perdió las últimas elecciones. Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, sin violencia, sus legítimas pretensiones. Esas peticiones deben ser escuchadas y resueltas”.
Velásquez agrega que ante un reclamo nacional por problemas tangibles como la escasez, la inseguridad, la inflación, la represión y la violación de derechos humanos, convocar al diálogo –como lo ha hecho Maduro– no es suficiente. Afirma que en el caso venezolano existen mecanismos constitucionales e institucionales cuya función es resolver conflictos como el actual: la constituyente, la renuncia, el referendo. “El problema es que además de la crisis económica y social hay una crisis política que se ha profundizado con el paso de los años a consecuencia del desbalance de los poderes públicos. Ese desbalance ha colapsado a las instituciones encargadas de velar por una salida natural a la coyuntura”.
El costo
Experiencias de transición política como las de Chile, España o Brasil en el último tercio del siglo pasado han dejado claro que las crisis no son eternas, que cuando adversarios históricos se sientan a buscar acuerdos y ceden en posturas intransigentes no significa que renuncian a sus principios.
“A estas alturas del conflicto venezolano la pregunta no es si la negociación es viable, sino ¿dentro de cuántos muertos se va a dar, cuánto dolor y víctimas harán falta para que se sienten las partes?”, cuestionó Peraza.
En toda negociación es necesario identificar los puntos coincidentes y a partir de ellos iniciar el acercamiento. A juicio del representante de los jesuitas en el país, la Constitución y la democracia son los únicos elementos innegociables. “Cuántas veces escuchamos que Fedecámaras y el gobierno no se sentarían juntos y ahí los vemos hoy, buscando mecanismos de consenso. Esas posturas obtusas le costaron a El Salvador 130.000 muertos antes de sentarse a negociar; a Colombia le costó 55 años y 220.000 muertos y ahora están negociando”, destacó.
¿La alternativa? El experto en negociación Gustavo Velásquez explicó que en procesos de este tipo es importante atender la situación con el menor daño colateral posible: “Las negociaciones exitosas son aquellas que llegan a compromisos que se pueden concretar y que responden a esta pregunta: ¿si no cumplo esto, cuál es la alternativa, cuál es la consecuencia? Por ejemplo, si el gobierno no negocia, ¿cuál es su opción: renunciar, aumentar la represión, encarcelar a toda la oposición? Si la oposición no negocia, ¿qué hará, protestará para siempre sin resultados concretos? En ambos sectores hay el deseo de que el país funcione. De ahí deben partir y la idea de renovar los poderes públicos por personas que gocen de la confianza de todo el país podría ser un buen punto”.
El mutuo reconocimiento, el respeto a las personas y a sus ideas, y la aceptación de las competencias del contrario son indispensables para dialogar, acotó Peraza. “Hay unos puntos mínimos de acuerdo sobre los cuales se podría iniciar ese diálogo: respeto a la Constitución, rechazo de toda propuesta de salida violenta, condena a cualquier tipo de organización armada que no pertenezca al Estado e investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, así como la aplicación de justicia a quienes han cometido delitos”.
Un dueto
Arturo Peraza y Gustavo Velásquez coincidieron en señalar que una facilitación conjunta del Vaticano y Unasur podría ser la solución frente a la disyuntiva de quién debe ser el testigo de buena fe. “La oposición solicitó la participación del nuncio o del secretario de Estado del Vaticano para que ayudara a crear las condiciones para un diálogo, y el gobierno no tuvo objeciones; invitó a Unasur y la oposición se reunió y presentó sus planteamientos. Una combinación de ambas instancias sería la manera más inteligente para que ambas partes se sientan seguras”, dijo Peraza.
“El gobierno tiene que poner sobre la mesa a qué está dispuesto y qué es lo que quiere. ¿Qué la gente no marche más y se quede en su casa? Eso no sería viable sin respuesta a las exigencias. Además de la facilitación y la disposición a sentarse, una agenda de temas es fundamental”, agregó Velásquez.
La experiencia de 2004
En un análisis retrospectivo sobre la Mesa de Negociación y Acuerdos de 2004, (Politeia, junio de 2010), el politólogo y especialista en resolución de conflictos Miguel Martínez Meucci concluye que la facilitación, aunque alcanzó una cierta pacificación de la crisis política y de gobernabilidad de 2003 y 2004, no logró modificar el origen del conflicto, como lo era el enfrentamiento entre dos modelos casi incompatibles de gobierno.
Señala que en aquel entonces se obtuvo el reconocimiento mutuo de los actores, bajó la conflictividad y se realizó el referendo revocatorio en el marco constitucional. Pero los poderes públicos se alinearon por completo a los intereses de uno de los polos enfrentados (el del presidente Chávez), no se concretó la Comisión de la Verdad sobre el golpe de abril de 2002 ni se hizo nada para el desarme de la población, que eran exigencias centrales de la oposición.
El estudio completo está disponible en http://bit.ly/1hATQzC.
Lo que pide la MUD
Libertad de los presos políticos.
Cese a la represión.
Desarme de colectivos.
Alto a la inseguridad.
Diálogo con agenda en igualdad de condiciones.
Lo que pide el Gobierno
Que la MUD no ponga condiciones.
Que la MUD rechace la violencia.
Cese inmediato de las guarimbas.
Que alcaldes y gobernadores eliminen barricadas.
Fuente:EL NACIONAL
