Exámenes privados avalan 40 denuncias de torturas
Los jueces y fiscales han tenido a la vista las graves lesiones sufridas por algunos de los detenidos en las manifestaciones de calle que comenzaron a principios de febrero en todo el país. En 40 casos, durante las correspondientes audiencias de presentación, las propias víctimas han ofrecido detalles de la forma cómo habrían sido torturadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Pero solo en tres casos se ha ordenado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir las averiguaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
Ante las dudas expresadas por la fiscal general Luisa Ortega, y la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, los abogados de las ONG que han asistido a los detenidos se han esforzado por dejar constancia de los excesos en la represión. El Foro Penal Venezolano ha fomentado la práctica de exámenes médicos privados que serán promovidos como prueba en 40 casos que, según aseguran, constituyen tortura.
Lilian Camejo, representante de la ONG, explicó: “En muy pocos casos se han realizado exámenes médicoforenses que, en general, no cumplen con el objetivo de establecer la gravedad de las lesiones sufridas. Sabemos que algunos forenses ni siquiera tocan a los detenidos, de modo que no son exámenes exhaustivos”.
Para que no se pierdan las evidencias de las lesiones, explicó la abogada, el Foro Penal Venezolano cuenta con el apoyo de médicos en todos los estados del país que sí están realizando los exámenes como corresponde, a efectos de fundamentar cada caso.
Las 40 denuncias fueron formalmente consignadas ante Ortega y Ramírez, acompañados de fotografías y videos: “Ambas se sorprendieron por la magnitud de los excesos cometidos”, dijo Camejo.
La segunda opinión médica es un derecho de la víctima y así ha sido ratificado por el Comité contra la Tortura de la ONU a través de las recomendaciones que en el pasado le ha formulado al Estado venezolano, indicó Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab.
Bolívar dijo que la ONG a su cargo también ha documentado casos de tortura.
Explicó que las evidencias físicas de la tortura no son imprescindibles a afectos de investigación y sanción. “La tortura causa daños psicológicos relacionados con el estrés postraumático, que pueden ser documentados en plazos más largos”.
Fuente: EL NACIONAL
