Estado incumple estándares de derechos humanos
El diagnóstico de Provea, Cofavic y Control Ciudadano indica que los hechos del 12 de febrero y los que aún están en desarrollo violan el núcleo duro de garantías fundamentales; es decir, aquellas que son intocables incluso bajo medidas excepcionales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión e información y a las garantías y protección judiciales.
Human Rights Watch también fijó posición y exigió a las autoridades investigar los hechos de violencia con prontitud e imparcialidad. “Las investigaciones no deben utilizarse como pretexto para procesar a opositores políticos o limitar la libertad de expresión”, dice HRW.
Además de violar el artículo 68 de la Constitución al enviar a cuerpos de seguridad armados a controlar manifestaciones, existe el agravante de los grupos de civiles que dispararon contra los estudiantes, con la aquiescencia de las fuerzas del orden. Ello, para las tres organizaciones, resulta inaceptable.
La transparencia en cuanto al manejo de la información es otro estándar sin cumplir. En cuanto a los detenidos, el Estado está obligado a presentar la lista completa, a ordenar exámenes médicos de oficio y a brindar información inmediata a sus familiares, además de permitir acceso a sus abogados. Toda actuación debe ocurrir ante sus tribunales naturales, respetando el principio de la presunción de inocencia.
Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, responsabilizó al ministro Miguel Rodríguez Torres por omisión o acción, pues a escasos metros de donde le dispararon a Bassil Dacosta se encontraban organismos de seguridad que no actuaron para evitar el crimen o detener a los responsables.
Cofavic afirma que la diferencia entre la democracia y la dictadura está en el respeto a la Constitución.
Fuente: EL NACIONAL
