En asalto militar gobierno ejecutó detenciones masivas y arbitrarias

¿Cómo calificar el procedimiento ejecutado ayer en la madrugada por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana para desmantelar, en forma simultánea, los tres principales campamentos de activistas opositores instalados en Caracas?

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que fueron detenciones masivas y arbitrarias, que destacan por la nocturnidad: “Tenemos imágenes, proporcionadas por vecinos, del momento en que los funcionarios que participaron en este operativo salieron de la sede del Sebin, en El Helicoide, aproximadamente a las 2:30 am”.

El ex juez penal Jesús Ollarves va más allá: “Fue un asalto militar, porque fue ejecutado mayoritariamente por militares (GNB), con procedimientos militares y los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares, específicamente a Fuerte Tiuna y al CORE 5”.

Lo más grave es que las detenciones se hayan realizado a espaldas del Ministerio Público, como lo admitió ayer al mediodía la fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, Marisela Lucena Rivas. 

No hubo garantías judiciales suficientes consideran los dos expertos. “¿Qué juez estaba despierto a esa hora de la madrugada para expedir las correspondientes órdenes judiciales, pues la Constitución indica que nadie puede ser detenido sin una orden judicial previa”, puntualizó Bolívar. Y Ollarves agregó: “En todo caso, las órdenes de detención deben especificar la identificación del aprehendido y los motivos de la aprehensión. El país tiene derecho de ver esas 243 órdenes judiciales, si le creemos al ministro Rodríguez Torres en cuanto al número de detenidos”.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB advirtió que no basta que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informe el número de detenidos. “Los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU obligan a la publicación inmediata de una lista de detenidos. Doce horas después de los hechos, los familiares y abogados de los aprehendidos no conocían las condiciones en que se encontraban, pues no habían podido verlos”, denunció.

Ollarves indicó que en este caso no se puede alegar que había comisión flagrante de un delito: “Los tres campamentos estaban instalados desde hace varias semanas y ayer no ocurrió ningún evento que ameritara la irrupción de los cuerpos de seguridad”.

Ambos especialistas temen que, como en otras oportunidades, la Fiscalía haga imputaciones genéricas, sin especificar qué hizo cada quien. “Los jueces de control deben anular estas actuaciones, decretar la libertad plena de los aprehendidos y ordenar una investigación de los funcionarios que ordenaron y practicaron estas detenciones arbitrarias. Lo peor que puede ocurrir es que, de facto, los detenidos sean imputados como terroristas y aumente el número de presos por el ejercicio del derecho de protestar”, advirtió Ollarves.

“Operación limpia”
El ministro Miguel Rodríguez Torres, que participó en la acción contra los campamentos de manifestantes en Baruta y Chacao, dijo que fue una “operación limpia y sin agresiones”. Indicó que hubo 243 detenidos.

“Encontramos presunta cocaína, marihuana, perico, bombas molotov, miguelitos de todo tipo, morteros (…) Estaban circulando droga, armas. Había elementos ligados a la delincuencia. Cualquier desastre pudo ocurrir ahí”, afirmó Rodríguez.

También informó la incautación de billetes venezolanos, dólares, máscaras antigas, artefactos pirotécnicos, vidrios, niples, radios de comunicación y bombas lacrimógenas.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe Vladimir Padrino López, escribió en Twitter que la operación militar restableció el orden público y el libre tránsito con respeto a los derechos humanos.

Fuente: EL NACIONAL