Dictan medida privativa de libertad contra el alcalde de Valencia
Caracas.- El Tribunal 9 de Control del estado Carabobo dictó medida privativa de libertad contra el alcalde de Valencia, Edgardo Parra Oquendo, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos durante su gestión.
El burgomaestre fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el pasado sábado 12 de octubre, en su residencia ubicada en el sector El Parral de la urbanización Valles de Camoruco, zona norte de Valencia, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 6 de Control de Carabobo.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 28 nacionales auxiliares y 13 auxiliar de dicha jurisdicción, Michael Prado, Pedro Lupera y Marbella Rivero, respectivamente, imputaron al mandatario municipal por presuntamente incurrir en los delitos de concierto con contratista, en grado de cómplice necesario; corrupción propia; peculado doloso impropio; y asociación para delinquir; delitos revistos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El juzgado fijó como centro de reclusión Base Territorial del Sebin en la capital carabobeña, y ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y el aseguramiento de los bienes inmuebles, entre ellos, quintas, apartamentos, lanchas y equipos de tecnología, informó el Ministerio Público a través de una nota de prensa.
Por este mismo caso, se encuentran privados de libertad Victoria Eugenia López Pando (34) y Bell Smythe Romero James (39), por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Estas dos personas presuntamente tenían una oficina paralela que manejaba los negocios que realizaban 14 cooperativas y dos empresas con la Alcaldía de Valencia.
La pareja fue recluida en la sede del citado organismo de inteligencia ubicado en Valencia.
La investigación penal se inició tras una denuncia que señalaba la existencia de contrataciones irregulares entre la Alcaldía de Valencia con cooperativas que servían para realizar centrífugas con los recursos otorgados.
