Denuncian en CIDH acoso a defensores de derechos humanos
El Foro Penal Venezolano notificó formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Venezuela defensores en esta materia son acosados y perseguidos.
“Tres funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar fueron el miércoles a la residencia de Luis Armando Betancourdt, abogado del Foro Penal Venezolano que ha representado gratuitamente a estudiantes detenidos en las protestas en Valencia, varios de los cuales han sido torturados”, indicó Gonzalo Himiob, integrante de la ONG.
Himiob explicó que cuando los funcionarios llegaron a la vivienda Betancourdt él no estaba en el lugar.
“Hemos recibido alertas de abogados del Foro Penal Venezolano en Maracaibo, Zulia, que han sido advertidos de que personas ajenas a los tribunales recaban los datos de quienes han representado a los estudiantes para enviarlos al gobierno central”, contó.
Cautelar. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela también acudirá ante la CIDH para solicitar una medida cautelar de protección a favor de los estudiantes.
Fapuv denunciará que desde que empezaron las protestas el gobierno ha violado sistemáticamente la Convención Americana de Derechos Humanos.
CEV. “La Conferencia Nacional para la Paz, propuesta por el presidente Nicolás Maduro, debe tener como condición fundamental que se sancione de manera clara, conforme a la Constitución y las leyes, a las personas que han causado muertos y heridos en los ataques a los manifestantes. Hay un problema grave de violación de los derechos humanos que debe ser afrontado y debe ser sancionado”, aseveró ayer el cardenal Jorge Urosa Savino en entrevista ofrecida a Unión Radio.
Urosa indicó que la Conferencia Episcopal Venezolana rechaza el abuso de la fuerza por funcionarios de los cuerpos seguridad del Estado y denunció la actuación de grupos armados al margen de la ley.
Paradero desconocido
El Foro Penal Venezolano no maneja casos de estudiantes desaparecidos. “Las personas a las que reportan aparecen luego en centros militares o policiales. Son aprehensiones ilegales en las que los jóvenes son ruleteados y después incomunicados, por eso las madres pasan hasta dos días sin saber dónde están sus hijos”, explicó Alfredo Romero, presidente de la ONG.
Romero indicó que cuando familiares y abogados van a los cuerpos de seguridad del Estado para pedir información sobre los detenidos las autoridades niegan que estén allí.
“Muchas veces los liberan sin presentarlos en tribunales. Eso es lo grave. De las 609 personas detenidas hasta el martes solo 156 habían sido presentados”, aseguró.
Fuente: EL NACIONAL
