Caso de censura contra El Nacional
El viernes 13 de agosto del año 2010 el diario El Nacional publicó una imagen que ocupó toda la primera plana del periódico. La foto mostraba cuerpos apilados en la Morgue de Bello Monte de la ciudad de Caracas, uno de los pocos centros autorizados en el país para realizar autopsias legales.
Las noticias del día ser referían a la inseguridad, violencia, a la imposibilidad del Gobierno Nacional de tratar el tema y a la capacidad rebasada que presentaba la morgue. 3.111 cuerpos habían pasado por las mesas de autopsia hasta junio de ese año.
La imagen no tardó en suscitar reacciones. Carencia, violencia, irrespeto, violación de derechos humanos, cada persona interpretó aquella gráfica que se convirtió en freno para la libertad de expresión.
El sábado 14 de agosto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) solicitó al Ministerio Público emprender acciones legales contra El Nacional por la publicación de la fotografía.
El basamento legal para la medida fue el artículo 79 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna): “Difundir por cualquier medio de información o comunicación, durante la programación dirigida a los niños y adolescentes o a todo público, programas, mensajes, publicidad, propaganda que promueva el terror, que atente contra la convivencia humana o la nacionalidad, o que los incite a la deformación del lenguaje, irrespeto a la dignidad de las personas, indisciplina u odio”.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo pidió medidas cautelares para impedir que el diario difundiera imágenes que atentaran contra los derechos de los niños y adolescentes.
El mismo día el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, indicó que la indignación por la foto publicada en El Nacional no debía ser contra la imagen, sino contra la realidad y la violación de los derechos fundamentales de las personas que mueren de manera violenta.
El domingo 15 de agosto el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones por la foto que mostraba el estado de deterioro de la Morgue de Bello Monte, la cual había sido tomada el 26 de diciembre de 2009 a las 9:30 de la mañana. Cifras indicaron que entre el 24 y el 25 de ese mes entraron 66 cadáveres al centro como resultado de la violencia.
El MP alegó que la publicación de la imagen desconocía los artículos 79 y 234 de la Lopnna, aunque estos se refieran únicamente a medios radioeléctricos y no impresos.
La Fiscalía también inició una acción en los tribunales porque la fotografía infringía la protección de vida de los niños y adolescentes.
Asimismo, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena) expresó su decisión de solicitar a los órganos jurídicos acciones contundentes contra El Nacional.
El viernes 13 de agosto del año 2010 el diario El Nacional publicó una imagen que ocupó toda la primera plana del periódico. La foto mostraba cuerpos apilados en la Morgue de Bello Monte de la ciudad de Caracas, uno de los pocos centros autorizados en el país para realizar autopsias legales.
El lunes 16 de agosto la Morgue de Bello Monte amaneció tomada por funcionarios del CICPC vestidos de civiles para reconocer y fichar a los periodistas que llevaban la fuente de sucesos de distintos medios. La orden era impedir que funcionarios dieran cualquier tipo de información a los medios.
El mismo día, el diario El Nacional recibió la notificación de demanda por parte de la Defensoría del Pueblo por publicar en la primera página del viernes 13 de agosto una fotografía de la sala de autopsia de la morgue de Bello Monte.
La Defensoría alegó que con la imagen de la medicatura se violó el derecho a la salud y a la integridad física, psíquica y moral de los niños y adolescentes.
La acción legal estuvo fundamentada en los artículos 170-A, 276, 277 y 278 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, en los que se establece la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los intereses colectivos y difusos de los menores de edad.
La solicitud fue la no publicación de imágenes violentas. El Petitorio decía.
Primero: Que en virtud de la declaratoria con lugar de la presente acción de protección, se ordene que el diario El Nacional, se abstenga de publicar imágenes de contenido violento, sangriento, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una u otra forma vulneren la integración psíquica y moral de los niños y adolescentes.
Segundo: Dado el supuesto que dicho medio comunicacional tenga la forzosa necesidad de publicar imágenes inadecuadas, éstas deben cumplir con los extremos establecidos en la respectiva ley.
Tercero: Que la presente acción de protección sea admitida, sustanciadas y declarada con lugar en todas y cada una de sus partes.
El debate giró en torno a qué se entendía por imágenes grotescas, inadecuadas, violentas. Calificativos subjetivos que a los ojos de los defensores de la libertad de expresión parecían excusas para condenar a un medio que daba información que reflejaba la ineficiencia de un Gobierno.
El Tribunal 12º de Primera Instancia de Protección de Niños y Adolescentes, a cargo del juez William Páez, extendió la prohibición a todos los medios de comunicación del país. Ninguno podía publicar, en el lapso de un mes, imágenes cuyo contenido podría ser considerado violento, grotesco o sangriento.
La medida cautelar contra El Nacional fue aún más severas. El impreso no podía publicar fotos, información o publicidad con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños y adolescentes.
La limitación contra El Nacional debía ser acatada hasta que un juez decidiera sobre el fondo de las demandas interpuestas por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Junto con la censura de informaciones e imágenes, el Tribunal 12º de Primera Instancia de Protección de Niños y Adolescentes que el diario fuera sancionado con el pago de 39.000 bolívares.
Especialistas alegaron que la acción era inconstitucional porque violaba el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe la censura previa, y el artículo 337, que establece que el derecho de la información no puede restringirse ni siquiera en estado de excepción.
El miércoles 18 de agosto, tras las medidas legales emprendidas, El Nacional público en primera página espacios en blanco con la palabra “CENSURADO”, como medida de protesta.
El jueves 19 de agosto funcionarios de la Fiscalía y el CICP visitaron las instalaciones del diario para pedir los soportes impresos y digitales de la fotografía que había desatado la investigación penal.
El para entonces presidente de la República, Hugo Chávez, expresó que la publicación de la foto de la morgue fue “un intento desesperado de El Nacional por frenar y sabotear la revolución bolivariana”.
Medios de comunicación, organizaciones y periodistas condenaron las acciones legales y levantaron la consigna “No a la censura”. Igualmente la OEA y la ONU rechazaron las medidas de censura previa judicial impuestas a los diarios venezolanos, que impedían informar sobre hechos de violencia.
El viernes 20 de agosto el juez 12 de Mediación y Sustanciación, William Páez, revocó parcialmente la medida de censura impuesta sobre El Nacional. Levantó la prohibición de difundir información y publicidad sobre hechos violentos, aunque persistió en cuanto a las fotografías. Igual restricción tenían todos los medios de comunicación del país.
El 20 de septiembre del mismo año el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, compareció ante el Juzgado Duodécimo Segundo de Protección y Sustanciación Protección y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes.
Casi tres años después de la publicación de la imagen, el 08 de agosto de 2013, la jueza Tercero de Juicio con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Betilde Araque, impuso a El Nacional una multay la prohibición de publicar imágenes violentas.
Información El Nacional
