Amenazas a la inmunidad revelan democracia débil

Alertan que se incumplen los estándares internacionales en materia de fuero parlamentario. PJ denunciará a la fiscal ante el Consejo Moral.

En Perú, Uruguay y Chile se requiere una mayoría calificada de dos tercios y un proceso estrictamente apegado a la Constitución para despojar de su inmunidad a un parlamentario. El ex legislador peruano Aarón Oré, el diputado uruguayo Jaime Trobo y el senador chileno Hernán Larraín coincidieron en que la inmunidad es una de las convenciones democráticas más importantes porque garantiza a los asambleístas el pleno cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización del resto de los poderes, sin ataduras ni presiones.

En el foro Parlamentos en Contextos de Crisis Política los dirigentes expresaron preocupación por la amenaza de perder el fuero que se cierne sobre los diputados venezolanos Richard Mardo, María Aranguren, Gustavo Marcano, María Machado, Juan Carlos Caldera y Andrés Velásquez.

Larraín, senador por la Unión Demócrata Independiente de Chile, en el gobierno, destacó que la inmunidad es una protección para que los parlamentarios puedan opinar, investigar y ejercer sus funciones sin ser censurados y sin temor a que los persigan. «En el caso venezolano la situación que se presenta con varios diputados bajo investigación es una nueva señal del debilitamiento de la democracia. En Chile sólo se procede cuando se descubre la comisión de gravísimos delitos y bajo un estricto marco procedimental”, aseguró.

Oré fue diputado por la Alianza Popular Revolucionaria Americana en 1993, cuando el dictador Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Destacó que el derecho a la inmunidad no es un privilegio personal, sino una prerrogativa que le garantiza a la institución el cumplimiento de su función de control político.

“La democracia venezolana no tiene las garantías para el ejercicio pleno de los representantes y carece de cualquier estándar internacional de respeto a libertades y derechos. Es gravísimo. Esos seis parlamentarios de oposición bajo amenaza están propensos a que les ocurra cualquier cosa”, advirtió Oré.

Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional de Uruguay, opositor, expresó que cualquier mecanismo que impida a los individuos expresarse libremente afecta la capacidad de que se escuche la voz de un grupo de electores. “Las persecuciones por opiniones políticas, la búsqueda de argumentos para impedirle al diputado ejercer su mandato obviamente son rasgos autoritarios de algunos regímenes que afectan la independencia del Parlamento, así como el voto y la representación de sus electores”, dijo.

Constituyente. El diputado Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, rechazó los atajos como salida a la crisis política y no descartó que a mediano plazo la convocatoria a una Constituyente pueda ser la salida. En tal sentido destacó la importancia de la renovación de la Asamblea Nacional prevista para 2015.

“Aunque la Constituyente no puede ser vista como la salida mágica, la salud de las instituciones y del Poder Judicial en este momento es tan grave que se requiere acciones radicales para sanearlo, como es una Constituyente. Por ello la elección de 2015 es la reina de todas las elecciones, porque sería el camino para lograr un Parlamento renovado, con una nueva composición que refleje a todo el país. Ahí puede ser la salida pacífica y democrática que tanto estamos anhelando”, afirmó.

Poca solidaridad. “Quienes hemos sufrido golpes de Estado y gobiernos autoritarios no ejercemos la solidaridad que deberíamos con la democracia republicana venezolana para ayudar a componer espacios de diálogo y a que se reconstruya la democracia”, admitió Jaime Trobo.

“Nos duele la situación de Venezuela: la tensión, la confrontación, la falta de diálogo para construir consensos, porque no es posible iniciar la reconstrucción de la democracia republicana sin reglas de juego respetadas por todos. Eso es lo más difícil y al mismo tiempo lo fundamental”, acotó.

En el foro organizado por la ONG Monitor Legislativo se destacó el papel de los Parlamentos en la restitución del diálogo en sociedades de alta polarización.

Aupar el respeto a las diferencias, fortalecer la ruta electoral como la vía para la resolución de los conflictos y aumentar el escrutinio ciudadano sobre las actividades de los Parlamentos fueron las principales recomendaciones de los ponentes.

Renuncia

La fracción parlamentaria de Primero Justicia acudirá hoy al Consejo Moral Republicano para denunciar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por “apoyarse en pruebas forjadas” al solicitar al Poder Judicial que investigue al diputado Richard Mardo con la intención de quitarle la inmunidad parlamentaria.

Dinorah Figuera, jefe de la fracción parlamentaria de PJ, opinó que la fiscal debería renunciar, porque –dijo– al admitir esas pruebas “atentó contra la moral propia” de su cargo.

“Es una situación dantesca contra los derechos humanos de Mardo. Las pruebas en su contra se basan en cheques falsos que pretenden atribuirle responsabilidades que no tiene. Esta acción debe ser condenada por todos”, agregó Figuera.

Añadió que los integrantes del Consejo Moral (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría), deberían exigirle a la fiscal que no forme parte de la investigación contra el diputado.

La parlamentaria adelantó que los diputados de la oposición también acudirán al Parlamento Europeo, a la Internacional de Diputados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar “la persecución” contra Mardo.

Lamentó que las denuncias contra el parlamentario se hagan sin que se le permita el derecho a la defensa, sin conocer las pruebas en su contra y sin sus derechos constitucionales.

Figuera aseguró que a Mardo no se le puede quitar la inmunidad parlamentaria, porque la Constitución establece que se necesitan dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional para que eso ocurra. “Si le van a construir una cárcel a Mardo, que sea grande. Nosotros no vamos a claudicar para defender su derecho”, agregó.

Fuente:EL NACIONAL