Alcaldes opositores solicitan a Maduro «cese de persecución judicial»
Los alcaldes de oposición dirigieron una comunicación al presidente Nicolás Maduro en la que condenan «la utilización abierta del poder judicial venezolano para la persecución política de alcaldes recientemente electos».
Los alcaldes solicitan «que esta insana práctica cese de inmediato y se nos permita gobernar con libertad y sin presiones para el cumplimiento de nuestras funciones».
La carta firmada por más de 70 alcaldes señala que «resultaría mucho más beneficioso para lograr la paz del país la necesaria colaboración entre los diferentes poderes públicos -nacional, estatal y municipal- y no la persecución judicial de alcaldes en ejercicio».
«Exigimos que este acoso judicial en contra de los alcaldes termine de inmediato y también exigimos la rectificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia en los inconstitucionales juicios expresos a los que fueron sometidos los alcaldes Vicenzo Scarano y Daniel Ceballos, con las gravísimas consecuencias de haberlos privado de su libertad y destituido de sus cargos en violación de sus derechos políticos y los derechos políticos de los electores de los municipios San Diego (Estado Carabobo) y San Cristóbal (Estado Táchira)», señala el texto.
En el documento se asegura que «las sentencias contra los alcaldes echaron por tierra 19 años de jurisprudencia pacífica y reiterada de la máxima instancia judicial del país, de los cuales 12 corresponden a decisiones de la misma Sala Constitucional. En ellas, la Sala Constitucional se convirtió por primera vez en juez penal y, mediante juicio sumario, evaluó alegatos, en un mismo acto permitió la promoción, admisión y evacuación de pruebas y produjo decisiones condenatorias sin derecho a ser revisadas en ninguna otra instancia».
Además, indica: «Con esta actuación se violentó el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural. Sólo un juez penal puede conocer de la comisión de supuestos delitos penales. El desacato es un delito. La Sala Constitucional no tiene competencia en materia penal» y que se violó el derecho constitucional al debido proceso.
«Nuestra legislación no admite juicios penales sumarios para la determinación de la comisión de un delito. El proceso penal, que ha debido ser el que conforme a la jurisprudencia reiterada del propio TSJ se debía aplicar, está concebido mediante una serie de etapas preclusivas», dicen los alcaldes al recordar que 21 de ellos están sometidos a procesos judiciales no sólo ante la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, si no ante diferentes jueces de instancia, «tratando de implicarnos en hechos que no hemos cometido», dice el documento.
Información El Universal
