TSJ investiga a Scarano por daños al patrimonio público
No solo lo destituyeron del cargo de alcalde y lo enviaron a prisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ofició a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República para que determinen si Enzo Scarano es responsable administrativamente por daños al patrimonio público causados durante las protestas en el municipio San Diego de Carabobo.
Y, por si fuera poco, el TSJ también ofició al Ministerio Público “para que determine el inicio de la investigación penal, por posibles atentados contra el libre tránsito, el medio ambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación y la independencia nacional, entre otros”, se señala en la nota de prensa oficial.
Ayer fue formalmente publicado el contenido de la sentencia dictada el 19 de marzo, al término de una audiencia de ocho horas, con la cual concluyó el juicio sumario y en única instancia contra el alcalde de San Diego, que fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por el delito de desacato.
El proceso contra Scarano comenzó a instancias de un grupo de transportistas de Carabobo que lo denunció el 7 de marzo. Sin oír al alcalde, la Sala Constitucional estableció que era y pública y notoria la obstaculización del tránsito de vehículos y personas durante las protestas ocurridas en San Diego. El TSJ utilizó una solicitud similar formulada contra los alcaldes de Baruta, Gerado Blyde, y El Hatillo, David Smolansky, para extender a Scarano y al municipio San Diego los efectos de una medida cautelar mediante la cual se les ordenaba a varios mandatarios locales de oposición garantizar el libre tránsito.
Enzo Scarano permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.
Alonso Medina Rosa, defensor de Scarano, y el jurista Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, denunciaron que la Sala Constitucional violó el debido proceso al erigirse como un tribunal penal y aplicar como pena accesoria la destitución de un funcionario electo por voto popular.
Información El Nacional
