Requesens: No vamos a aceptar ni a acatar esa sentencia

Ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede estar por encima de la Constitución. Así respondieron los dirigentes del movimiento estudiantil venezolano, Juan Requesens (UCV), Vilca Fernández (ULA) y Ana Karina García (Junta Patriótica Estudiantil), cuando se les consultó sobre la decisión de la Sala Constitucional que condicionó el derecho a la protesta ciudadana con el otorgamiento de permisos por parte de alcaldías y gobernaciones.

“Por su puesto que no vamos a aceptar ni acatar esta ley (sentencia). Vamos a continuar las movilizaciones porque son legítimas. El gobierno está tratando de pisotear, silenciar y desmovilizar, pero gracias a nuestra Constitución la protesta no solo es legítima sino legal. El llamado a los compañeros en todo el país es el siguiente: la Constitución nos permite, nos legitima y nos legaliza protestar de forma pacífica en las calles. No nos vamos a desmovilizar”, sentenció Requesens.

Vilca Fernández, presidente de la FCU-ULA, dijo que la decisión evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro se guía por instrumentos pseudo-jurídicos diferentes a la carta magna: “La Constitución del gobierno es el Plan de la Patria, por eso se toman estas decisiones. Nuestra Constitución, que está por encima de cualquier sentencia, dice que uno debe notificar a las autoridades, no pedir permiso. Y dice que es deber del Estado garantizar el ejercicio de ese derecho; así que seguiremos protestando”.

Juan Requesens tildó de absurda la decisión del TSJ, pero señaló que no le sorprende porque reitera que el Poder Judicial carece de autonomía, independencia y vocación de impartir justicia. Agregó que oportunamente iniciarán una serie de acciones legales contra la sentencia ante las instituciones.

Ana Karina García reiteró la convocatoria para la marcha programada para hoy, cuyo objetivo será repudiar la propuesta de reformar el pénsum escolar para imprimirle una visión político-partidista.

“A partir de las 10:00 de la mañana nos concentraremos en la Universidad Bolivariana de Venezuela y marcharemos hasta el liceo Gustavo Herrera, en Chacao, para exigir respeto al derecho a la educación y exponer nuestros argumentos contra la resolución 058”, dijo García.

Los dirigentes notificaron a las autoridades municipales de Baruta y Chacao sobre la actividad. “Sería un  honor que Mario Vargas Llosa nos acompañara en la marcha, pero entendemos sus compromisos. Sin embargo, la invitación para él, para todos los intelectuales que se encuentran en nuestro país y para la ciudadanía, queda abierta”, dijo Requesens.

Provea invoca estándares internacionales
El libre tránsito no es excusa
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos aclaró que el derecho al libre tránsito no debe estar por encima del derecho a la manifestación pacífica. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión… [incluido] el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona”.

Provea destaca que la ley solo exige notificación previa de las manifestaciones e invocó los señalamientos del relator  sobre Libertad de Reunión y Asociación de la ONU, Maina Kiai: “…Aún en ausencia de la notificación previa por parte de los organizadores de la manifestación pacífica, ello no debe justificar su disolución por parte de los cuerpos armados del Estado, tal como pretende avalarlo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

Análisis
“El TSJ avala represión del gobierno”
El constitucionalista Gerardo Fernández opina que el TSJ se ha utilizado fraudulentamente como instrumento para intentar revestir de legalidad la política sistemática del régimen, orientada a limitar derechos constitucionales.

“El derecho a la manifestación es esencial en una democracia; por ello, al impedir el pleno ejercicio del derecho, el Tribunal Supremo está atentando contra la democracia”, afirmó el abogado.

Fernández considera que el máximo juzgado del país pretende desconocer las razones por las cuales la gente sale a la calle a protestar: “Es una sentencia contra natura que corre el riesgo de ser desobedecida”.

En su opinión el fallo es doblemente perverso porque criminaliza a los ciudadanos e impone una concepción restrictiva de los derechos que convierte a las autoridades municipales en sapos.

Fuente: EL NACIONAL