Encarcelamiento de opositores abre debate sobre independencia de poderes
CARACAS, (AFP) – El encarcelamiento de opositores, el amago de juicio contra una diputada y las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra autoridades locales opositoras abrieron un debate sobre la independencia de los poderes en Venezuela.
Al calor de más de mes y medio de protestas antigubernamentales, en la última semana fueron detenidos los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal (Táchira, oeste), y Enzo Scarano, de San Diego (Carabobo, norte), y quien en una sola tarde fue destituido y condenado a 10 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por no haber tomado acciones para impedir bloqueos de calles en las manifestaciones.
«Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son de los órganos de justicia y que no es el gobierno quien ordena detener a nadie», justificó el jueves el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez, al garantizar la separación de poderes.
Pero para Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal, la decisión del TSJ es una «aberración jurídica» pues actuó «como si fuese un tribunal penal» cuando debió remitir las actuaciones a la Fiscalía, explicó en entrevista a un diario local.
«Es un abuso de poder absoluto y una demostración palpable de que no hay independencia de poderes en Venezuela, y sin ella no hay democracia», asegura a la AFP Blanca Rosa Mármol, quien fue magistrada del TSJ por 12 años hasta diciembre de 2012, cuando fue obligada a retirarse, sostiene, por su postura crítica.
Sin embargo, para el diputado chavista Robert Serra, que el gobierno encarcele también a funcionarios públicos por corrupción y que haya diputados de oposición es una muestra de la independencia de poderes.
«Quien dice que no hay separación de poderes en Venezuela miente sólo porque los poderes no dicen lo que ellos quieren o actúan como ellos quisieran (…) En Venezuela no existen intocables», concluye Serra.
Denuncias contra diputada y alcalde
El martes pasado, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dio trámite inmediato a una denuncia del oficialismo contra la diputada opositora María Corina Machado, acusada de incitar a la violencia, terrorismo y homicidio en las protestas opositoras, que han dejado 31 personas muertas.
Cabello, acompañado de un grupo de diputados, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la Machado, que ahora espera que el TSJ determine si hay elementos para retirarle la inmunidad parlamentaria y ser sometida a un proceso judicial.
Machado y Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular encarcelado desde el 18 de febrero también acusado de incitar a la violencia, son los impulsores de la denominada táctica «La Salida», que busca la renuncia de Maduro a través de protestas.
«Está claro que el Ejecutivo está dando las órdenes para sacar de la escena política a los disidentes», resumió la ex magistrada Mármol.
Otro opositor que podría ser sometido a un proceso judicial es Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao (este, opositor), epicentro de las protestas en Caracas.
«No nos va a temblar el pulso si (el TSJ) nos da la orden de detenerlo (a Muchacho)», advirtió el jueves el presidente Nicolás Maduro al subrayar que si el alcalde opositor permite bloqueos de calles, también tendrá su «expediente» judicial.
«Lo grave es que el presidente anuncie la detención de alcaldes y pasen a estar detenidos y arbitrariamente removidos de su cargo. Lo grave es que los anuncios presidenciales se conviertan en sentencia y todo sea una situación donde los poderes ni siquiera guardan la forma y se actúe al unísono», analiza Carlos Ayala Corao, abogado y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1998-1999).
En cuanto al poder Electoral, la oposición lo señala por rechazar denuncias sobre el supuesto uso de fondos públicos en las campañas o el recurso contra la elección presidencial de abril de 2013 en la que Maduro derrotó por una diferencia de 1,50% al líder opositor Henrique Capriles.
La oposición también criticó al TSJ luego de que en enero de 2013 autorizó que Chávez, ya en la fase terminal del cáncer que le costó la vida el 5 de marzo siguiente, jurara la presidencia en una fecha posterior a la constitucional y sin estar presente.
«La Fiscalía se apresura a hacer imputaciones contra los disidentes, mientras la presidenta del CNE constantemente da muestras clarísimas de su pertenencia al partido de gobierno», resume la ex magistrada Mármol.
