Diputada destituida desafía al chavismo y acudirá al Parlamento de Venezuela
CARACAS, (AFP) – En un desafío al chavismo, la diputada opositora venezolana María Corina Machado acudirá este martes a la sede del parlamento en Caracas, pese a las advertencias de que se impedirá su entrada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su destitución.
«Mi derecho y mi deber es asistir a las sesiones de la AN y me propongo hacerlo, como siempre», lanzó el lunes Machado, al convocar también a una concentración en una plaza del este de Caracas, desde donde partirá hacia el Parlamento junto a diputados de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
«Ella no va a entrar. No es diputada» retrucó la noche del lunes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y considerado el número dos del chavismo.
En paralelo, simpatizantes del oficialismo entregarán ante la Fiscalía General una denuncia contra Machado «por traición a la patria» y luego marcharán también ellos hacia la sede de la Asamblea en «defensa de la Constitución», anunció el gobierno este martes.
«Sin investidura»
Cabello acusa a la opositora de promover la violencia en la ola de manifestaciones contra la gestión del presidente Nicolás Maduro, que en casi dos meses han dejado un saldo de 39 muertos.
La destitución Machado, una ingeniera de 46 años que obtuvo una de las mayores votaciones en las legislativas de 2010, fue anunciada hace una semana por el propio Cabello y ratificada la noche del lunes por el Tribunal Supremo de Justicia.
«Otra decisión fascista se dictó ayer! En tiempo récord! Lo que no pueden lograr con votos ahora lo arrebatan con tribunales!», fustigó en Twitter el líder de la oposición y gobernador Henrique Capriles.
Machado es uno de los principales rostros de la facción radical de la Mesa de la Unidad Democrática, que cuenta con un tercio de los 165 diputados en la Asamblea Nacional.
Tanto Cabello como el máximo tribunal alegaron que la diputada «perdió su investidura» por haber acudido el 21 de marzo a una reunión de la OEA como «representante alterna» del gobierno de Panamá, un acto que la «autodestituyó» acorde a la Constitución.
Panamá, país con el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas el 5 de marzo, invitó a Machado a una sesión de la OEA para hablar de las protestas iniciadas el 4 de febrero en su país, pero el ente finalmente excluyó su intervención.
Promotora de ‘La Salida’
Machado y el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López, preso en una cárcel militar hace más de un mes acusado de instigar a la violencia, promueven ‘La Salida’, una estrategia para forzar la renuncia de Maduro con las protestas callejeras, que dejan más de 550 heridos.
Sin su inmunidad parlamentaria, Machado también enfrenta la amenaza de ser detenida luego de que la Fiscalía inició una investigación en su contra, acusada por el gobierno de promover la violencia.
Además de la sanción a Machado, la justicia venezolana ha destituido también en las semanas recientes a los alcaldes opositores de San Cristóbal (oeste, ciudad donde comenzaron las protestas) y San Diego (norte), Daniel Ceballos y Enzo Scarano, condenados a un año y a diez meses de prisión -respectivamente- por haber permitido el bloqueo de calles en sus municipios.
Las protestas han bajado de intensidad en las últimas semanas, pero mantienen focos de violencia principalmente en Caracas y San Cristóbal, a pesar de que el gobierno ordenó un despliegue militar en estas ciudades para acabar con las manifestaciones de radicales que causan disturbios.
Estudiantes universitarios arrancaron las protestas en San Cristóbal en contra de la violencia criminal. Las manifestaciones se ampliaron poco después a otras ciudades con apoyo de la oposición e incorporando reclamos por la inflación -la más alta de Latinoamérica- y la escasez de productos básicos en este país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.
El gobierno venezolano aceptó la semana pasada designar un «testigo» internacional que facilite un diálogo con la oposición, aunque continúa acusándola de esconder detrás de las protestas un «intento de golpe de Estado» en alianza con sectores de la derecha de Estados Unidos y Colombia.
