Vaticinan complicaciones con captahuellas para comprar comida
Los técnicos electorales Vicente Bello y Luis Lander vaticinaron complicaciones en la implementación de máquinas captahuellas, parecidas a las utilizadas por el Consejo Nacional Electoral, para controlar la compra de comida.
Explicaron que el mecanismo biométrico se usa en varias empresas en Venezuela para controlar el ingreso de personas, pero que se trata de bases de datos pequeñas, de 1.000 o 3.000 personas, que no se puede comparar con la data de todo un país.
Bello precisó que el CNE, experto en el mecanismo electrónico, trató hace 10 años de emplear el captahuellas para impedir doble voto nacional y fracasó. “En 2004, cuando Jorge Rodríguez presidía el organismo, lo instalaron para verificar si una persona podía sufragas en dos centros diferentes y no funcionó porque el tamaño de la data era inmanejable. Por eso lo descartaron”, recordó. Lo que finalmente logró el CNE fue evitar el doble voto en un mismo centro.
“El más grande es el del Colegio Andrés Bello en Caracas con 11.500 personas. El mecanismo chequea una huella contra 11.500 registradas y funciona perfecto, pero ponerlo en 100.000 sitios donde venden productos de primera necesidad, conectado en línea y que dé respuesta inmediata, para eso no hay infraestructura”, afirmó.
Los problemas
Retrasos, mala calidad de la huella, voto de personas no registradas, voto doble, no reconocimiento del elector pese a tener los datos correctos, son algunos de los problemas que ocurren con las captahuellas en cada proceso comicial.
Vicente Bello alertó que esos problemas se repetirán en los comercios, pero con un agravante: habrá familias que podrían ser restringidas de acceder a los alimentos. “Hay muchas preguntas, por ejemplo: ¿Los menores de 18 años de edad que son padres y madres de familia podrán comprar? Una señora que tiene su registro en regla, no ha comprado más de lo permitido, hizo dos horas de cola pero cuando va a pagar le arroja error: ¿A quién va a acudir, se le permitirá comprar?”.
Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, afirmó que el CNE, junto con el Saime, ha mejorado progresivamente la calidad de la base de datos de huellas dactilares en los últimos años. Sin embargo, considera que el reto sería cruzar la data exitosamente con la de productos alimenticios.
“Los sistemas de identificación se utilizan en todas partes del mundo. Ahora, el asunto es cómo conviertes ese mecanismo en algo que te permita controlar los niveles de consumo de la gente. Tal como ha sido planteado, resulta un proyecto demasiado ambicioso”, agregó Lander.
La corrupción
Otro aspecto que complica la ejecución del sistema de racionamiento electrónico tiene que ver con el número de rubros. “En el caso de votar o entrar a una empresa la maquina debe verificar un solo dato: la huella. Para controlar la compra de los 23 rubros de la cesta básica tendrían que crearle a cada persona 23 datas diferentes y cargar en cada una las especificaciones de cantidad, presentación y frecuencia. Estoy seguro de que eso no va a funcionar”, vaticinó Vicente Bello.
En su opinión, lo que sí podría incentivar es la corrupción: “Con toda seguridad alguien va a cobrar por el programa, por las máquinas y las comisiones. Pasará lo mismo que con las cédulas con chip: unos cubanos cobraron, trajeron el material y el gobierno lo pagó al triple de lo que le cuesta a la banca, y aún no tenemos las cédulas”.
El presupuesto
La Superintendencia de Precios Justos resultó de la fusión del Indepabis y la Sundecop, en febrero pasado. El novel organismo opera con los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto 2014 a Indepabis y Sundecop en el plan de gastos del Ministerio de Comercio.
El diputado Elías Matta, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, confirmó que no existe en el presupuesto ninguna partida para la adquisición de equipos de captahuellas para consumo de alimentos. Tampoco en lo que va de año se ha aprobado crédito adicional para ese fin.
“La compra e implementación de la referida tecnología debe haberse ejecutado por otra vía. El gobierno tiene varias cajas chicas, por ejemplo el Fonden o el Fondo Chino. Otras opciones serían la rectificación de partida, la creación de una nueva partida presupuestaria, el traspaso de una partida que no va a ejecutar compras. En fin, tienen varias vías, pero como la regla es la falta de transparencia es difícil saber de dónde sacaran los recursos”, indicó el parlamentario.
En el presupuesto de la extinta Sundecop solo se pautaron dos proyectos: uno destinado a adecuar 17 sedes regionales y construir 5, y otro para el “fortalecimiento del sistema alternativo de distribución y comercialización con énfasis en las comunas”. Ninguno para la compra de equipos biométricos.
A la espera de aclaratorias
El proyecto de instalación de captahuellas en los supermercados ha sido tildado de “ambicioso” por representantes de sectores empresariales debido a los costos, infraestructura y tecnología que implica un sistema que permita detectar patrones de compra excesivos y, por tanto, posibles contrabandistas.
“Hay algunas lagunas que deben aclararnos para así entender cuál es el alcance del proyecto. Eso lo iremos viendo en las próximas reuniones”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Luis Rodríguez.
El presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, explicó que más de 85% de los comercios son pequeños y se encuentran debilitados por las fiscalizaciones. “Muchos de ellos no van a poder costear estos sistemas”, dijo.
Añadió que los comerciantes no ven viable el proyecto porque son muchos los establecimientos que venden productos básicos. “Sería muy impráctico y difícil de instalar. Además, deben discriminar el consumo familia por familia, persona por persona. ¿Cómo se hará eso?”, cuestionó.
El superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, adelantó que cadenas de farmacias como Farmatodo y Locatel se unirán al programa y, posteriormente, todos los establecimientos que comercialicen productos de la cesta básica, como abastos y bodegas. Sin embargo, en una primera etapa, los supermercados serán los únicos que contarán con el sistema.
En Venezuela existen 6.500 supermercados. Si cada uno tendrá máximo 3 captahuellas, se estaría hablando de aproximadamente 19.500 máquinas para el 30 de noviembre, fecha tope establecida por el gobierno. Se ha informado que el precio de cada equipo está entre 12.000 y 15.000 bolívares, lo que implicaría un gasto inicial de alrededor de 253,5 millones de bolívares, sin incluir los costos de instalación y manejo del software que procesará los datos de millones de consumidores.
“El sistema biométrico representa un control más para una serie de consecuencias que se han dado por otros controles, como el de cambio. Nosotros como empresarios y consumidores no podemos estar de acuerdo”, expresó Tancredi.
Información El Nacional
