Segunda vez que López se niega a comparecer ante la jueza Barreiros
Por segunda vez consecutiva Leopoldo López no compareció ante la jueza 28ª de juicio, Susana Barreiros, por lo cual volvió a ser diferida la séptima sesión del debate oral y público correspondiente al juicio contra el dirigente de oposición y cuatro estudiantes por los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero. El proceso se reanudaría el 11 de noviembre.
El motivo es el mismo que expuso el 28 de octubre: desde el 14 de octubre la jueza Barreiros no da despacho para evadir la respuesta a la solicitud de liberación inmediata de López, formulada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
El dictamen del organismo adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue aprobado el 26 de agosto y publicado el 23 de septiembre, pero se conoció el 8 de octubre. Al día siguiente, la defensa de López formalizó la solicitud de liberación ante el Tribunal 28° de Juicio.
La ONU determinó que Venezuela incumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al violarse el debido proceso, la presunción de inocencia y someter a López a un proceso penal por ejercer sus derechos a la manifestación y a la libertad de expresión. Específicamente indicó: “El gobierno no precisó en qué medida el discurso del señor López pudo haber dado lugar a los incendios y delitos de que se le acusan. No precisa qué expresiones de su discurso pudieron motivar estos graves hechos o inducir a la comisión de los mismos. Al referirse al delito de asociación ilícita, tampoco precisa a qué grupo ilegal se refiere”.
Mal precedente. La defensa de Leopoldo López destacó ayer como un grave precedente que el 31 de octubre pasado la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia haya determinado que no hay vicios en el proceso penal contra el máximo líder del partido Voluntad Popular, al momento de declarar inadmisible la solicitud de avocamiento que se formuló el 3 de septiembre.
La Sala Penal argumentó que los reclamos contra la reiterada negativa de admitir las pruebas para demostrar la inocencia de López han recibido respuesta.
Francisco Santana, uno de los apoderados judiciales de López, explicó que todos los jueces se han limitado a señalar que las pruebas son improcedentes porque así lo determinó el Ministerio Público en la fase de investigación preliminar. “En la práctica –indicó Santana– eso significa que la Fiscalía tiene el poder de negar la más mínima prueba a un acusado y que los jueces de control no controlan. El efecto es el mismo: indefensión total”.
Información El Nacional
