Se reduce el alquiler de inmuebles por dificultad para recuperarlo
A Fabiana Feliccione vivir en un inmueble de 100 metros cuadrados en El Rosal le representa un gasto de 300.000 bolívares al mes. Puede pagar ese monto porque es una profesional expatriada que trabaja para una empresa multinacional. Mientras que a José Alvarado y su familia habitar en un apartamento de 71 metros cuadrados en la urbanización El Márquez le cuesta 50.000 bolívares mensuales, es decir 10 salarios mínimos.
El alquiler de una vivienda que antes era la primera opción para quienes deseaban independizarse de la familia o formar un hogar, ahora resulta una decisión muy onerosa para la mayoría de la población.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, y la vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Rosalinda Bruzual, coinciden en que a partir de la promulgación de leyes contra el desalojo y para la regulación del arrendamientos de viviendas en 2011, se impusieron procesos burocráticos los cuales ocasionaron que la oferta de alquileres se contrajera 58% y las unidades disponibles incrementaron su precio de manera exponencial.
En el tercer trimestre de este año se publicaron 3.158 avisos clasificados de inmuebles, de los cuales solo 20% fue de oferta en alquiler, dijo Bruzual
1- Desalojo.
El presidente de Apiur señaló que la contracción del mercado se inició con la promulgación de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en mayo 2011. Legislación que paralizó 45.000 procesos judiciales preexistentes que se llevaban a cabo en todo el país, y los remitió a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda.
Agregó que en el caso de que se hubiese dictado una medida de desalojo con arreglo al decreto-ley, la decisión no podía ejecutarse hasta que se le garantizara una vivienda al afectado, artículos 13 y 18. “El decreto-ley estableció que se le bebe garantizar la obtención de una vivienda al afectado por la medida. Esto imposibilita la ejecución de las sentencias de desalojo porque la Sunavi no cuenta con refugios o viviendas dignas disponibles para el inquilino y su familia”, reiteró. Recordó que desde el surgimiento de la norma la Sunavi solo ha entregado dos refugios.
2- Congelamiento del canon.
Entre 2003 y 2011 estuvieron congelados los cánones de alquiler. En octubre 2011 el gobierno, mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial, prorrogó por 6 meses el congelamiento de los alquileres. La normativa, dictada por los ministerios de Vivienda y Hábitat y de Comercio, indica que se debía mantener los montos de las cuotas de arrendamiento de viviendas vigentes para el 15 de octubre de 2011, “en virtud de que el alquiler de un techo es considerado servicio de primera necesidad”, dice el documento. Desde 2012 el Ministerio de Vivienda no actualiza el valor del metro cuadrado. Es una congelación no decretada, dijo Bruzual.
3- Avalúo.
En noviembre de 2011 se promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y se fijó un método de avalúo que a juicio de Orta es “absurdo porque no toma en cuenta el valor del terreno ni la ubicación”. Además, tiene unos parámetros de depreciación muy rígidos en los que una propiedad de 100 años vale prácticamente cero. Da como resultado unos alquileres ínfimos que no cubren el condominio o el derecho de frente.
4- Centralización.
Otro impedimento para fomentar el alquiler de viviendas es la centralización de las funciones de la Sunavi. Orta afirmó que la Superintendencia no tiene capacidad operativa. Añadió que carece de personal, infraestructura y presupuesto para atender los casos y dar respuestas expeditas. Tienen solo una sede en cada estado, lo que retrasa los procesos. Exhorta al gobierno a devolverles la facultad de regular en materia arrendaticia a las oficinas municipales de inquilinato de 335 alcaldías, que tienen más capacidad. “Se debe dejar el tema de la resolución de conflictos a los tribunales. Son 20 oficinas de la Sunavi contra 500 tribunales a nivel a nacional”, señaló.
5-Requisitos onerosos.
Bruzual indicó que los requisitos para realizar cualquier trámite ante la Sunavi resultan muy onerosos. “Solicitan copias certificadas de todo y piden documentos que reposan en los archivos públicos”. Recabar los documentos necesarios para una gestión común, como la regulación del canon, demanda una inversión de entre 4.000 y 6.000 bolívares, sin sumar los honorarios profesionales del asesor legal.
Fuente: El Nacional
