Nikken: RCTV dio una lección de dignidad

Caracas – Como una «estoica lección de dignidad que buena falta le hacía» a Venezuela. Así calificó el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, el proceso que terminó con el fin de las emisiones en señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007, porque sus accionistas rechazaron «una oferta tentadora de 600 millones de dólares» que le habría formulado el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez para comprar el canal y en cambio optaron «por rendir la empresa (…) para defender su libertad de expresión».
La afirmación la realizó hoy el jurista, quien representa a los directivos del otrora canal 2, durante la segunda audiencia del proceso que iniciaron contra el Estado por no renovarle la concesión para seguir operando.

Durante la sesión Nikken sostuvo que la decisión del Gobierno fue en respuesta a la postura crítica que la planta mantenía contra él. «No se estaba castigando a la empresa sino a Marcel Granier, Peter Botome, los hermanos Nestares por la línea editorial, porque la línea editorial no cayó del cielo», precisó, apuntando que esto viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El representante del Estado, Germán Saltrón, negó este señalamiento y atribuyó la decisión a varias razones: La decisión del Ejecutivo de democratizar el espectro radioeléctrico, la creación de una nueva estación de servicio público (TVES) y a que RCTV durante los «53 años» que estuvo al aire tuvo un «comportamiento lejos de ser ejemplar».

Asimismo negó que a los propietarios del canal de Bárcenas se le hayan violado sus derechos a la defensa y al debido proceso, aun cuando siete años después de la medida todavía el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha decidido la suerte de sus equipos, los cuales han sido utilizados desde entonces por el nuevo canal 2.

A partir de ahora se abre el lapso para que la Corte decida si condena o no a Venezuela por violar los derechos a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a la propiedad privada. El fallo podría dictarse hacia finales del año.

Fuente: EL UNIVERSAL