Maduro adquiere equipos antimotines para enfrentar protestas violentas
CARACAS, (AFP) – El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que su gobierno adquirió 300 nuevos equipos antimotines para reforzar a la Guardia Nacional a fin de enfrentar eventuales manifestaciones «violentas, terrroristas», luego de las protestas opositoras que sacudieron a Venezuela de febrero a mayo con saldo de 43 muertos.
«Muy pronto seguro llegarán 300 nuevos equipos especiales para seguir garantizando que los ataques que se hagan desde adentro en la estrategia imperial de llenar de violencia a nuestro país sean preventivamente atendidos, corregidos y superados de manera inmediata», dijo Maduro.
El mandatario hizo el anuncio durante un acto público de la Guardia Nacional y en el que se refirió en repetidas ocasiones a las protestas opositoras iniciadas en febrero, a las que tachó de actos «terroristas» que dijo fueron impulsados por la «extrema derecha», como parte de una «conspiración malévola» fomentada desde el exterior.
Maduro, quien afirmó que están «garantizados los derechos constitucionales» para manifestarse pacíficamente, no detalló la procedencia de los equipos ni de si se trata de vehículos o pertrechos de protección. El mandatario se limitó a señalar que los equipos adquiridos son «de los más modernos del mundo».
Las protestas, iniciadas por estudiantes a principios de febrero en el oeste del país, reclamaban contra los altos niveles de inseguridad y el deterioro de la economía, marcado por una inflación superior a 60% y una aguda escasez de alimentos y productos básicos.
En distintos hechos ligados a las manifestaciones, que en su mayoría fueron repelidas por la policía y la Guardia Nacional con gases lacrimógenos y vehículos lanza aguas, murieron 43 personas y cientos resultaron heridas, mientras que unas 80 permanecen detenidas.
Estados Unidos, país con el que Venezuela sostiene tensas relaciones y al que ha acusado de fomentar las protestas, anunció que ha suspendido las visas de 24 funcionarios venezolanos, entre ellos ministros, asesores presidenciales, militares y guardias nacionales, señalados por Washington de ser responsables de violaciones a los derechos humanos durante las protestas.
