Habilitante no frenó la crisis económica ni acabó con corrupción
«¡La ofensiva contra la corrupción será estremecedora, arrasadora!», prometió el 19 de noviembre de 2013 el presidente Nicolás Maduro, al promulgar la Ley Habilitante que lo facultó con poderes especiales para acabar con las irregularidades administrativas y la crisis económica.
Al cumplirse siete meses desde que la Asamblea Nacional se despojó de su función de legislar, el saldo es inexistencia de poderes que hagan leyes y cero medidas para enfrentar la corrupción.
Entre noviembre y mayo el Ejecutivo solo aprobó cuatro leyes vía habilitante: Precios Justos, creación del Cencoex, Alquileres de Locales en Centros Comerciales e Ilícitos Cambiarios. En ese mismo lapso el Parlamento sancionó otras cuatro normas: Timbre Fiscal, Plan de la Patria, Registro Militar y Condecoraciones de la Defensa Pública Militar.
Maduro arguyó que necesitaba la habilitante para meter «detrás de las rejas» a corruptos: «La ley permitirá ir a una etapa superior en la lucha contra la corrupción, para la construcción de una nueva ética ciudadana. ¡Voy con todo! ¡No habrá arrepentimiento! ¡Con corrupción no habrá socialismo ni República!».
Bajo esas premisas fueron detenidos el ex gobernador de Guárico Luis Gallardo y el alcalde de Valencia, Edgar Parra, quien fue liberado ocho meses después de una medida humanitaria.
Además, el presidente designó una comisión especial presidida por su hijo Nicolás Maduro Guerra, que recorrió el país y que levantaría un informe sobre entes del Estado ineficientes, cuyo contenido se desconoce.
«La razón de ser de la Ley Habilitante, la lucha contra la corrupción se quedó en discursos», afirmó la coordinadora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, aspecto en el cual coincidió el diputado de Un Nuevo Tiempo Elías Matta.
De Freitas considera que Miraflores no necesitaba poderes especiales para atacar la corrupción ni resolver la crisis económica: «A siete meses vemos cómo Maduro metió al país en un debate innecesario, acusó de corruptos a diputados por haberse abstenido de darle los votos y no ha sancionado a funcionarios ni investiga a nadie, a no ser que estén haciendo un trabajo de investigación secreta. Era mentira. Pura promesa».
«La dirigencia del Estado, en lugar de hablar de magnicidio, debería preocuparse por ‘el magnicidio’ de venezolanos por la inseguridad, por la falta de alimentos. Todos tenemos el mismo derecho de quienes tienen el poder. Proteger lo público es la responsabilidad del Estado, pero vemos que no hay un uso eficiente de los recursos, ni sanciones a quienes afectan el erario público», dijo De Freitas.
Cruzada. Transparencia Venezuela reporta un aumento de la impunidad y de los casos de corrupción, que se expresan en las compras fraudulentas de Pdval; apropiación de recursos del Fondo Chino, por el cual la Fiscalía General ha imputado a ocho funcionarios; la pérdida de 20 millardos de dólares en Cadivi sin que el gobierno diga quiénes fueron los beneficiados.
«Hay una larga lista de delitos impunes y de funcionarios que se hacen millonarios con el manejo de la información, como pasa en los casos de los bonos. El problema es que existe una sociedad que sufre por la corrupción. La Contraloría General dijo en el informe de 2013 que la debilidad del Ministerio de Salud en la compra de medicinas que resultaron vencidas afectó al ciudadano; que los guantes traídos de China perjudicaron a los médicos», indicó De Freitas.
En 2013 Maduro emprendió «una cruzada anticorrupción» que llevó a la captura de extorsionistas del Seniat, de un trabajador de CVG-Ferrominera y de un funcionario del extinto Indepabis. Sin embargo, no se generaron más acciones legales. El único caso ocurrió el 20 de marzo de 2014 cuando la Fiscalía General pidió detener a cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y a otras dos personas por presunta vinculación con irregularidades detectadas en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui.
En Viena. El viernes 29 de mayo la Contraloría General informó la participación de la encargada de ese despacho, Adelina González, en la reunión de verificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la capital austriaca.
«Adelina González aprovechó su visita a la sede de las Naciones Unidas en Viena para tener una reunión con Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la que expuso las experiencias positivas del país en materia de prevención y lucha contra la corrupción, entre estas el programa La Contraloría Va a la Escuela que ha sido reconocido por los Estados miembros», explica la nota de prensa.
Liquidar la Asamblea Nacional
El diputado de UNT Elías Matta coincide con el diagnóstico de la ONG. «La bandera de la habilitante no se cumplió; la corrupción aumenta, como lo demuestra el Fondo Chino, las empresas de maletín. El gobierno prometió impulsar un relanzamiento económico y hoy padecemos 30% de escasez, la inflación más alta de América Latina y la legalización de un dólar a 50 bolívares para la compra de pasajes y repuestos», afirmó. Dijo que la realidad comprobó la existencia de un plan para liquidar el carácter legislador y contralor del Parlamento y afirmó que el PSUV ha sido tímido para legislar, bajo la premisa de que Miraflores asumiría los proyectos más polémicos. «No hay voluntad de aprobar normas que beneficien al pueblo. La oposición presentó un proyecto de aumento general de sueldos para desarrollar el consumo interno y reactivar la economía y fue engavetado. Igual pasó como la ley de empleo joven», indicó.
El Dato
En 2013 el Parlamento aprobó 8 leyes antes de la habilitante: Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes de Hidrocarburos, Ley Especial contra la Tortura, Ley Orgánica del Servicio Exterior, Ley Desarme, Ley de Bosques, Ley Endeudamiento 2013, Ley de Infogobierno y Ley Orgánica de Administración.
Fuente: EL NACIONAL
