Fiscalía venezolana juzgará a director de cárcel donde murieron 35 presos
Caracas, Venezuela | AFP | La justicia venezolana informó este viernes que presentará ante un tribunal al director de la cárcel venezolana de Uribana (noroeste), donde murieron 35 reclusos según un balance de la Asamblea Nacional.
«El ministerio público (fiscalía) presentará en las próximas horas ante un tribunal (…) al director del Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, Julio César Pérez, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en ese recinto desde el pasado miércoles», informó un comunicado de la fiscalía.
El diputado William Ojeda, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para investigar los hechos, informó al mediodía del viernes que «van 35 fallecidos».
El ministerio de Servicios Penitenciarios no ha modificado de su lado la cifra de 13 muertos y 145 intoxicados de su balance presentado la noche del miércoles, cuando se conoció el incidente.
Servicios Penitenciarios ha señalado que la intoxicación se desató el pasado lunes en medio de una huelga de hambre que realizaban los reclusos, cuando un grupo ingresó «violentamente al área de enfermería» y «asaltaron la farmacia procediendo a ingerir múltiples fármacos».
Tras la protesta, las autoridades penitenciarias trasladaron a distintos penales a unos 400 reclusos, entre los cuales, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se contaba un centenar de intoxicados, algunos de los cuales fueron conducidos a hospitales.
Según las denuncias de familiares al OVP, los internos habrían enfermado tras beber el agua que se entrega en la prisión.
Este es el segundo hecho grave que se registra en Uribana en los últimos años luego de que en enero de 2013 murieran 58 reclusos en una reyerta para controlar el penal, con capacidad para 850 reclusos pero que alberga a unos 3.700.
Según el OVP, el sistema penitenciario venezolano está marcado por la violencia, hacinamiento, violaciones a los derechos humanos, corrupción, condiciones insalubres, tráfico de armas y drogas, con la actuación de mafias en el interior de las cárceles, al tiempo que el gobierno asegura aplicar un régimen de humanización y disciplina.