Examinarán uso de armas de fuego en protestas
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy que examinará a «fondo» una polémica resolución del Ministerio de Defensa que autoriza a los militares a usar fuerza «potencialmente mortal» en manifestaciones públicas.
Ortega dijo que antes de pronunciarse sobre el tema lo estudiará a «fondo» . «Cuando se tenga el resultado se hará del conocimiento público de ello», declaró a los periodistas, citó DPA.
La resolución, que fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, órgano sobre decisiones gubernamentales, establece un nuevo modelo de control del orden público y define la actuación de la Fuerza Armada en manifestaciones.
El documento destaca la actuación de los militares en el desarrollo de la democracia e insta a proteger los derechos humanos y garantías personales. También señala como lineamiento la protección de la vida de las personas y que el uso de la fuerza en manifestaciones será progresivo y diferenciado, respecto al nivel de la amenaza.
Según la resolución, los militares utilizarán primero la disuasión y en su reacción graduarán la fuerza a aplicar, desde la presencia de los funcionarios en la calle hasta el uso de arma de fuego. Establece que, de existir un riesgo mortal, los agentes aplicarán el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal.
Según la versión, dentro de los próximos tres meses se girarán instrucciones para la elaboración de un manual de normas y procedimientos en materia de orden público, aunque la autorización de los militares para intervenir en protestas y usar armas letales «tiene vigencia inmediata».
El gobierno había sostenido la tesis de que el control de orden público corresponde a la policía y que las fuerzas militares sólo intervendrán en manifestaciones cuando aquellas sean superadas.
Visita de ex presidentes
La Fiscal también se pronunció sobre la visita de los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Felipe Calderón (México) y Sebastián Piñera (Chile) y afirmó que las actividades políticas «son privadas de los venezolanos», según lo establece el artículo 40 de la constitución.
«Los foros, charlas, conferencias que vienen a dar personas extranjeras y que buscan incidir en la dinámica política o institucional del país atentan contra la soberanía, independencia y autodeterminación nacional y eso es violatorio de los DDHH. Cuanto atentas contra la independencia y soberanía venezolana están atentando contra los venezolanos. Ejercer política en el país solo compete a los venezolanos no a extranjero», explicó.
Información El Universal
