Empleados de playa el Agua reclaman derecho al trabajo
Empleados y comerciantes de playa El Agua, en la isla de Margarita, que aseguran estar afectados por el proceso de demolición de comercios en la zona, entregaron un documento a la Delegada de la defensora del Pueblo en Nueva Esparta, María Luisa Rodríguez, en el que solicitan se reparen los daños sociales causados y se establezca una mesa de diálogo para lograr su inclusión en el nuevo proyecto.
Con pancartas que referían la violación a artículos de la Constitución y a los derechos humanos, efectuaron una protesta en la sede del referido Despacho. Pedro Álvarez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Playa El Agua, dijo que contabilizan alrededor de 1.500 familias afectadas, y su temor es que no se cumpla la promesa de incluirlos en el nuevo proyecto de reordenamiento, pues hasta el momento solo conocen de reuniones del Ministro de Turismo con algunos inversionistas para llevar adelante el desarrollo sin considerar los trabajadores natos de la zona.
Yolismil Sepulveda, artesana del boulevard, dijo que en carnaval se realizó una exposición de artesanías en la playa y no invitaron ni a un solo representante del municipio Antolín del Campo, «esta es una muestra de lo que quieren hacer, nos están desplazando por gente que ni siquiera es del municipio, yo tengo 20 años trabajando y de un día para otro me sacaron del lugar».
Henry Jaspe, representante de la Ong Nueva Esparta en Movimiento, dijo que están apoyando a este grupo de personas que se constituyeron en comité de victimas porque en efecto el reordenamiento de playa el agua está excluyéndolos de su condición de trabajadores lo que se convierte en violación de sus derechos humanos, derecho a la defensa, al debido proceso y al trabajo, «todos están de acuerdo con las mejoras de la playa pero sin que eso signifique eliminar sus posibilidades de sustento pues en nombre del ambiente no se puede destruir la estructura de sustento de un grupo de personas, ni se puede sustituir un derecho por otro».
La propuesta que los afectados plasmaron en el documento entregado es que el gobierno regional como garante de los derechos de sus pobladores, promueva una mesa de diálogo con el Ministerio de Turismo, donde se analicen las consecuencias previas al proyecto, y se coordine la manera en la que los trabajadores puedan seguir prestando servicios en la zona.
Información El Universal
