Directivo de venezolana RCTV pide ante la CIDH reparación de daños por cierre
SAN JOSÉ, (AFP) – Un accionista de la televisora opositora RCTV acusó este jueves a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de atropellar la libertad de prensa con su cierre en 2007 y pidió una reparación por el daño económico que sufrió por la incautación de sus bienes.
Entre tanto, un representante del gobierno venezolano defendió la decisión de no renovar la licencia de operación de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, como parte de una política del entonces presidente Hugo Chávez de democratizar las telecomunicaciones.
Los jueces de la Corte, con sede en Costa Rica, escucharon presentaciones de las dos partes en el inicio de una audiencia de dos días dedicada a la formulación de argumentos finales en la demanda contra Venezuela por el cierre de la televisora, una de las voces más críticas del gobierno de Chávez.
«Aspiro a que se restablezcan los derechos del país a tener información, pluralidad, a oír distintas opiniones políticas, a debatir civilizadamente, democráticamente. En fin, que haya un ambiente democrático y de concordia», declaró en la audiencia Marcel Granier, accionista y entrevistador de la televisora.
Granier agregó que, en el plano económico, espera una reparación por los daños que sufrieron él y sus socios con la negativa a renovar la concesión de la televisora y la posterior incautación de sus bienes. Según él, los bienes incautados podrían valer entre 460 millones y 600 millones de dólares.
En la sesión, el integrante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana (CONATEL) José Leonardo Suárez aseguró que la decisión de no renovar la concesión de licencia de operación de frecuencias de radio y televisión de RCTV se dio en apego a las leyes del país y sin ningún atropello a la Constitución o a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El funcionario aseguró que la decisión se tomó como parte de «una política de democratizar las telecomunicaciones», y presentó cifras para reforzar su argumento.
En este sentido, precisó que en 1998, un año antes de que Chávez asumiera el poder, había 330 concesiones privadas de radio y televisión y 11 concesiones públicas. Para 2014 el cuadro cambió: 516 concesiones particulares, 303 públicas y 202 de emisoras comunitarias privadas sin fines de lucro.
No obstante, Granier aseguró que periodistas y dirigentes de RCTV comenzaron a sufrir amenazas y agresiones en 2002 por sus críticas al gobierno, sin que la justicia tomara acciones cuando denunciaban las acciones. «Estuvimos siete años en la más absoluta indefensión judicial», expresó Granier, quien dijo que llegó a tener explosivos colocados en su residencia.
El abogado chileno Felipe González, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que la no renovación de la concesión de RCTV fue una «violación de la libertad de expresión, de la igualdad ante la ley y del debido proceso».
