Caso Petro hace sombra sobre presidente Santos
El caso Petro se sumó a la lista de escándalos que ha caracterizado la actual campaña presidencial en Colombia. El impacto de este hecho sobre las aspiraciones políticas del candidato-presidente, Juan Manuel Santos, se sabrá en una semana.
Los análisis de la prensa sobre el proceso electoral en Colombia dan cuenta de que a Santos, por distintas razones, le será difícil obtener la victoria en primera vuelta electoral el 25 de mayo, por lo que estará obligado a medirse, en segunda ronda, el 15 de junio. Incluso, los últimos sondeos advierten que el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga (24%), está por encima de Santos (22%) en la intención de voto, un empate técnico que podría derivar en una sorpresa para el oficialismo.
Pese a que no es el único escándalo, la historia detrás de la destitución y posterior restitución del exguerrillero y actual alcalde electo de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, puede pasarle factura al actual mandatario.
La investigadora y experta en asuntos latinoamericanos, Érika Rodríguez Pinzón, expresó que el caso Petro fue un choque de trenes entre la parte judicial y el componente político.
El acontecimiento. El 9 de diciembre de 2013, Petro fue señalado por la Procuraduría de Colombia de haber incurrido en supuestas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basura en la capital. Petro decidió cambiar el modelo. Le quitó esa tarea a una empresa privada que había operado por años para entregársela a una entidad que, según las denuncias, carecía de experiencia en el servicio de aseo y mantenimiento, lo que produjo caos en la capital de Colombia.
A los dos días, el hecho traspasó por primera vez el ámbito legal una vez que Naciones Unidas pidió al Ministerio Público una consulta sobre la situación política del alcalde, lo que provocó una respuesta airada del ministro de Interior de Colombia, Aurelio Iragorri, quien solicitó al organismo internacional no inmiscuirse en los asuntos internos y de orden disciplinario de su país.
La Fiscalía de Colombia tomó cartas en el asunto e inició una investigación para determinar si el procurador violó o no el principio de igualdad con Petro y si tienen asidero las denuncias según las cuales el alcalde sería víctima de una supuesta conspiración política. Petro, por su parte, inició las acciones legales para enfrentar la denuncia y sus consecuencias.
En enero de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del alcalde y exigió suspender, de manera temporal, el proceso emprendido por la Procuraduría.
El 19 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos, firmó la destitución de Petro, luego que el Consejo de Estado anulara, un día antes, las medidas cautelares interpuestas, ante los tribunales, por el alcalde.
Al unísono, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a Petro y pidió al Estado colombiano suspender la destitución del alcalde, que fue ordenada por la Procuraduría. La decisión del organismo supranacional fue, inicialmente, desoída por Santos.
Días después, un tribunal local ordenó al presidente que restituyera al alcalde en el cargo. El mandatario acató la orden.
El precio. Santos dijo públicamente que la decisión tomada en contra de la continuidad en el cargo del alcalde de Bogotá tuvo un coste político. “Yo sabía que me iba a costar políticamente, pero no tenía otra alternativa”, afirmó Santos, quien argumentó que actuó para cumplir con la Carta Magna.
El artículo 323 de la Constitución de Colombia le da potestad al primer mandatario de destituir a determinados funcionarios en los casos señalados por la ley una vez escuchado el informe del procurador. En este caso, ya esa instancia había señalado la sanción contra Petro. “Yo no estoy por encima de la ley por eso, como presidente de la República, tengo que dar ejemplo, así sean decisiones impopulares e incluso decisiones sobre las que a veces uno no está de acuerdo, pero la ley es la ley”, comentó Santos quien, en declaraciones para Radio Caracol, no descartó que a futuro se promuevan reformas tendentes a revisar la potestad de la Procuraduría.
Rodríguez Pinzón comentó que cuando Santos destituyó a Petro dio un giro hacia la derecha y mantuvo la cultura política tradicional en Colombia pese a haber marcado distancia con el expresidente Álvaro Uribe. “Por otro lado, es evidente que el procurador, Alejandro Ordóñez, tiene reticencias con ciertos políticos”, señaló.
La analista agregó que lo sucedido puso de manifiesto un dilema en el sistema legal en Colombia. “Hubo un choque entre la Procuraduría y el derecho internacional, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se supo si la Procuraduría está por encima de la CIDH o al revés”, comentó.
Un punto de honor para el presidente Santos es el acuerdo de paz entre Bogotá y las FARC, proceso que se vinculó con el caso Petro. Lo sucedido fue entendido, por algunos sectores, como una retaliación a la izquierda del país. “Si en Colombia no se garantiza la seguridad y participación en política de los partidos y de la izquierda no tiene sentido firmar un acuerdo de paz. Si a Petro no se le respetan sus derechos políticos, cómo se los van a respetar a las FARC”, concluyó Pinzón.
Dirigente progresista
Petro, del Movimiento Progresistas y exguerrillero del M-19, ganó las elecciones bogotanas en 2011 y desde el inicio apoyó, al igual que sus seguidores, el diálogo entre el gobierno de Santos y las FARC en Cuba.
Antecedentes
Gustavo Petro fue el segundo alcalde de Bogotá en ser destituido. En 2011, la Procuraduría inhabilitó al alcalde Samuel Moreno por omisión en la vigilancia de la ejecución de contratos de obras públicas. Desde ese mismo año Moreno está en prisión.
Fuente: EL NACIONAL
