Cámara de Caracas redchazó la Ley de Precios Justos
La Cámara de Caracas, mediante un comunicado, tomó posición ante las más recientes medidas instrumentadas por el gobierno en materia económica a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y rechazó la Ley Orgánica de Precios Justos por considerar que bloque la posibilidad de que todos los ciudadanos adquieran productos a precios razonables, debido a la poca disponibilidad.
La cámara expuso que los venezolanos viven bajo condiciones económicas precarias, pues la inflación, la escasez, la falta de inversiones y la caída en la producción son resultado, considera, de la política económica implantada por el gobierno nacional y que provoca tales consecuencias. Los miembros reiteran que han planteado la necesidad de mayor disciplina fiscal, un presupuesto equilibrado, manejo eficiente de las empresas públicas y repliegue del gobierno a las áreas que le son propias, que, aseguran, también están en condiciones críticas. «Vivimos el efecto de las malas decisiones, la desconfianza social y el irrespeto de los derechos ciudadanos, entre los cuales el derecho de propiedad ha sido derogado por la vía de los hechos. Pero no es el único», afirman.
En el texto, la cámara ratificó su creencia en que la libertad económica, constitucionalmente consagrada como derecho fundamental, es fundamental para construir el sistema económico y social, bajo la premisa de la productividad y de una rentabilidad que permita al Estado contar con más ingresos tributarios. «Para que esto ocurra, tiene que haber más empresas y no menos empresas. Debe plantearse una relación seria con el sector productivo, lejos del espectáculo supuestamente reivindicador que en realidad es la garantía más efectiva para la ruina social», expresan los miembros. Aseguran que la nación no está mejor que en 2013, cuando ocurrió el llamado Dakazo, y afirman que el país no estará, en el futuro, mejor que ahora, si las mismas premisas y medidas las que se intente usar usar para atajar una crisis que «no aguanta más controles ni más arbitrariedades».
Como tercer punto, la Cámara de Caracas recuerda que el impulso a la actividad económica interna y el éxito de las políticas cuyo objetivo sea incrementar la productividad de las empresas, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, en términos de producción de alimentos, bienes y servicios, está vinculada al respeto del gobierno a la libertad de empresa. «Las medidas intervencionistas son contrarias al discurso oficial, que dice que se intenta estimular la producción. El intento de calificar a los empresarios entre ‘buenos’ y ‘malos’ es absurdo. Lo que hay son buenas o malas políticas para promover el crecimiento económico». Afirman que los estudios internacionales ratifican que en el país las medidas, deliberadamente, impiden el crecimiento empresarial y de la nación. La cámara considera urgente revisar y modificar las medidas que, afirma, asfixian y paralizan al país.
Agrega el comunicado que el grupo advirtió en varias ocasiones que el contenido de la Ley Orgánica de Precios Justos, en vez de activar al aparato productivo y corregir las distorsiones que conllevan la inflación y la devaluación, es insalvable para que todos los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios a precios razonables y con la seguridad de que las necesidades serán satisfechas. «Esta ley y el régimen cambiario actual son los torniquetes que van a terminar por gangrenar la capacidad productiva del país, sometiéndolo a una inmerecida precariedad. El gobierno podría enfrentar una crisis de gobernabilidad que puede evitar con las rectificaciones y la formulación de los consensos necesarios».
Ante el anuncio de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que estarán en la calle a partir de esta semana, ejecutando un “plan de fiscalización sorpresa y generalizado” a todos los establecimientos comerciales, queremos destacar que tales procedimientos administrativos deben ceñirse al respeto del marco de derechos y garantías previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Simplificaciones de Trámites Administrativos. El gobierno no puede actuar aplicando criterios discrecionales y fomentando el odio social. Debe evitar la desproporción en las sanciones y reconocer que una empresa la integran empresarios y trabajadores, y que con medidas extremas irreflexivas se afecta la estabilidad de los puestos de trabajo y la paz ciudadana.
El comunicado contibúa: «La seguridad alimentaria, el libre acceso a los bienes y servicios esenciales y no esenciales, y la dignidad humana que se realiza en la libertad de escoger, no se garantizan con la intimidación, la expresión autoritaria de medidas de cierre o la aplicación de mecanismos correctivos, supuestamente racionales, pero que en la práctica se erigen en lesiones irreversibles a la actividad económica, a la rentabilidad de las empresas, a la estabilidad de los trabajadores y muy especialmente, al bienestar de la población que se ve impedida de acceder libremente a tales bienes y servicios. No estamos mejor que hace un año, lo cual debe ser un indicio que el gobierno debe tomar en cuenta, a la hora de revisar la eficacia de su enfoque».
La cámara ratificó su exhorto al Ejecutivo para que adopte, sin dilación, las medidas económicas, comerciales, fiscales y monetarias necesarias para restituir la confianza en la economía nacional, la reactivación del aparato productivo y la distribución de bienes y servicio en forma continua y oportuna, en beneficio del bienestar colectivo. «Necesitamos apostar a la libertad y reconocer que los resultados actuales son racionamiento y alto costo de la vida».
Además, los miembros manifiestan su rechazo a las declaraciones que intentan vender que quien esté “contra las fiscalizaciones y los precios justos demuestra su apoyo a especuladores y contrabandistas”, afirmación que consideran una falacia. «La especulación, el contrabando, los mercados negros… son el resultado de una economía de controles envilecida, que no beneficia a nadie», afirman. Agregan: «El aspaviento en la adopción de medidas y la aplicación de sanciones desmedidas en ejercicio de las potestades de fiscalización no constituyen factores determinantes y eficientes en el restablecimiento de la normalidad económica que requiere el país».
Por último, los miembros de la cámara afirman que la mayoría de los comerciantes, personas jurídicas y naturales, actúan ajustadas al ordenamiento jurídico y tienen la mayor disposición de colaborar y respetar lo concerniente a la distribución y venta de bienes y a la prestación de servicios, en correspondencia con la exigencia de mayor productividad y responsabilidad social que los ha caracterizado. Sin embargo, expresa que la colectividad empresarial está en el límite y evalúa si todavía están vigentes las mínimas condiciones para seguir operando. «Las medidas vigentes colaboran poco para elevar el nivel de confianza que necesita Venezuela para solventar la crítica coyuntura actual».
