Abran la puerta, es el Sebin
Una llamada es recibida por una dirigente estudiantil desde un teléfono desconocido a través del cual le dicen, como prueba de que está bien vigilada, cuál es el menú que acaba de ordenar; un activista de un partido es perseguido en la autopista, interceptado en el estacionamiento de su edificio y requisado por dos hombres que le advierten: “Sabemos quién eres y qué haces”; un periodista independiente es interrogado por tres individuos que le obligan a mantener la cabeza entre las piernas mientras le dan un paseo en una camioneta por puntos desconocidos de la ciudad; unos jóvenes son encerrados en una celda muy pequeña iluminada por un bombillo que no les permite adivinar si es de tarde, mañana o noche; unos universitarios, alojados en un hotel, son sorprendidos por golpes en la puerta de la habitación y por gritos desde afuera con una orden: “¡Abran! ¡Es el Sebin!”.
Interrogatorios que no constan en actas judiciales; operaciones de intimidación y hostigamiento; construcción de pruebas para la justicia penal con informantes anónimos –denominados “patriotas cooperantes”–; detenciones sin órdenes judiciales; y reclusiones en condiciones precarias. La enumeración recoge apenas una parte de las denuncias más frecuentes de los manifestantes, activistas, dirigentes y abogados que han visto de cerca el rostro más oscuro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en los últimos 100 días, una faceta que tuvo su peor revelación el pasado 12 de febrero cuando funcionarios del organismo fueron grabados mientras disparaban contra manifestantes desarmados en los sucesos que causaron las 2 primeras de las 45 muertes que han enlutado al país desde la marcha por el Día de la Juventud. El episodio, según el presidente Nicolás Maduro, ocurrió por la desobediencia a las órdenes de acuartelamiento. Después de la detención de 8 involucrados en los hechos no han seguido anuncios sobre si se investiga a algún autor intelectual.
El Sebin ha sido uno de los brazos usados por el gobierno para neutralizar, en una carrera contrarreloj, la ola de protestas que tomó las calles venezolanas en forma de bloqueos de vías, marchas, asambleas, concentraciones y campamentos. Más allá del alegato sobre el incumplimiento de instrucciones el 12-F, nadie ha respondido las acusaciones presentadas contra la institución, que desde diciembre de 2012 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, ocupada entonces por Maduro y hoy por Jorge Arreaza, a quien se le solicitó una entrevista, sin éxito, para el presente trabajo. Exfuncionarios y analistas consultados coincidieron en que las manifestaciones desbordaron la capacidad de la organización para generar inteligencia de manera oportuna y fidedigna, lo que debería ser su foco. “Están actuando de manera reactiva más que preventiva y eso es señal de que no recogen ni procesan apropiadamente información para anticiparse a las hechos y tomar decisiones”, dice un comisario retirado. En el punto coincide un colega jubilado de la misma jerarquía.
La institución, en cambio, ha intensificado las acciones de vigilancia, amedrentamiento y de apoyo a los órganos represivos -sostienen los consultados-, lo que ha dejado a muchos opositores la sensación de que viven en un Estado policial. “La función de control de orden público se ha solapado con la de inteligencia”, afirma Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Hay coincidencia, además, en que al Sebin no lo emplean como un órgano al servicio del Estado, sino para la supervivencia de la llamada revolución bolivariana. Un retrato a partir de los testimonios de quienes han sido objetivos de esas operaciones del organismo revela qué le pasa a un gato cuando, de pronto, debe perseguir cientos de ratones.
Sin orden, sin formato. José Aguilar, Leandro Flores, Willander Peñaloza, Manuel Quiroz, Jesús Ibarra y Carol Monasterios fueron detenidos bajo engaño por funcionarios del Sebin que nunca le presentaron una orden de aprehensión. Todos son universitarios tachirenses que viajaron a Caracas a una reunión nacional del movimiento estudiantil y se alojaron en el hotel Savoy, en Sabana Grande. Los invitaron al Helicoide a rendir una declaración escrita y allí les informaron que quedarían detenidos. Permanecieron en el lugar 66 horas: 18 más que el tiempo legal para presentar a un ciudadano ante un tribunal.
“Esto es un procedimiento de investigación”, fue la explicación que le dijeron a los universitarios cuando los abordaron en sus habitaciones el viernes 5 de marzo. Ninguno se opuso a la requisa minuciosa que incluyó closets, gavetas, baños, camas, espejos, muebles, bolsos y teléfonos celulares, los cuales fueron incautados para la revisión de fotos, mensajes y llamadas. Fueron interrogados individualmente. “¿Qué hacen ustedes en Caracas? ¿Quién es su líder? ¿Ustedes son los guarimberos que tienen loco al gobernador del Táchira (José Gregorio Vielma Mora)?”. Por separado les lanzaban anzuelos: “Nos decían: ‘Confiesa todo, que te acaban de delatar”, recuerdan Aguilar y Flores.
Al cabo de casi cuatro horas llegó una confesión, pero de los agentes. El comisario Carlos Calderón, una de las cabezas del organismo, se presentó en el sitio: “Nos dijo que no había delito, pero que necesitaba una declaración escrita y así nos llevaron”. Permanecieron incomunicados hasta que el diputado Miguel Pizarro accedió al Helicoide y les prestó su teléfono celular. Los cinco hombres del grupo fueron encerrados en una diminuta celda, sin iluminación natural y con una colchoneta sucia. Los acompañaban dos acusados de narcotráfico, dos supuestos paramilitares y dos presuntos agresores del actor y dirigente Winston Vallenilla. Una fiscal los acusó de rebelión, agavillamiento y asociación para delinquir, pero el tribunal les dio finalmente la libertad plena. El día de su detención, sin embargo, Maduro habló de la captura de un grupo de desestabilizadores colombianos. Hasta la fecha, hay 35 estudiantes apresados en el Helicoide, sede del Sebin, según información de Gaby Arellano, dirigente de la Universidad de los Andes y del partido Voluntad Popular.
Enfriamiento y seguimiento. Un periodista independiente, cuyo nombre se mantiene en reserva, vivió en carne propia un interrogatorio atemorizante que no quedó asentado en expediente alguno. Salía de su casa, a plena luz del día, cuando un hombre parado al lado de una camioneta negra lo llamó con cordialidad. “¿No te acuerdas de mí, vale? Ven, que tengo que decirte algo”. Al acercarse, el desconocido se identificó como miembro del Sebin y le comunicó sobre una supuesta averiguación por delitos informáticos. Primero le pidió que le acompañara a responder unas preguntas, pero luego le obligó a subir al vehículo.
Fue entonces cuando comenzó un largo paseo en el que lo obligaron a mantener la cabeza entre las piernas mientras le formulaban las preguntas: “¿Por qué te la pasas en las protestas? ¿Por qué cuelgas esas fotos en las redes sociales? ¿Quiénes son los financistas de las guarimbas?”. Un momento será inolvidable: el vehículo se detuvo y pasó media hora sin que le preguntaran algo: “Pensé en muchas cosas”. La característica del procedimiento hace pensar en el propósito a los comisarios consultados: “Son acciones encubiertas para ‘enfriar’ a personas que por alguna razón son molestas. Son ilegales, aunque organismos de inteligencia las ejecutan más para contención que para procesar información”.
Otros consultados coinciden en que lo publicado en redes sociales se ha convertido en un asunto de gran sensibilidad para los oficiales, que suelen incluir preguntas sobre por qué se han publicado determinadas imágenes de efectivos del organismo o de civiles armados acusados de reprimir a opositores. La sede de la página web Reporte Confidencial –que han hecho una detallada crónica audiovisual de las protestas– fue allanada por el Sebin. La incautación masiva de teléfonos celulares de los manifestantes no solo ha servido para nutrir sobre las relaciones que los conectan –como lo admitió Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz–, sino para verificar qué imágenes han captado.
Blancos de vigilancia. El seguimiento de líderes del movimiento estudiantil se aplica de manera permanente. Universitarios y políticos llaman “zamuros” a los funcionarios que los vigilan. “Ocurre a diario y a todas partes que voy. En una ocasión me senté en una pollera a comer. Al rato sonó el celular y escuché a alguien que me dijo: ‘¿Cómo está el pollo? Que te caiga bien. Estamos afuera”, relata Gaby Arellano, cuya casa en Mérida fue vigilada y allanada. José Patete, secretario general de Estudiantes de Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) en Anzoátegui, denunció estas prácticas como una forma de hostigamiento. El uso de vehículos sin placas alrededor de domicilios, centros de trabajo y otros puntos ha sido reportado.
El Sebin ha desplegado una estrecha vigilancia a los cuadros de Voluntad Popular, considerado un movimiento involucrado en un golpe de Estado contra Maduro. Freddy Guevara, uno de los directores nacionales del partido, calcula que más de un centenar de compañeros han sido hostigados por el organismo de inteligencia y otras instituciones de seguridad. “Una noche me persiguieron hasta el estacionamiento de mi casa y me llamaron por mi nombre. Fue como una amenaza”, cuenta un activista del interior. El 17 de febrero, cuando aún Leopoldo López, líder del grupo, no se había entregado a la justicia, un violento procedimiento de allanamiento fue realizado por desconocidos a la sede de este partido y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Muchos le atribuyeron esta acción al Sebin.
Darío Ramírez, concejal de la cámara municipal de Sucre, en Caracas, por Voluntad Popular, fue uno de los objetivos más recientes del Sebin. Fue citado el 2 de mayo a declarar ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas. Su madre recibió el oficio: los funcionarios le advirtieron que el dirigente debía acudir al llamado sin abogados y que si no se presentaba, ella iría presa. Rosmitt Montilla, también miembro de la organización, permanece detenido en el Helicoide luego de un allanamiento a su residencia en Caricuao. Los compañeros insisten en que le implantaron pruebas para incriminarlo: varios sobres con dinero.
Defensa de un proyecto. La politización ha marcado el desempeño del servicio. La organización se define a sí misma como un órgano de inteligencia y contrainteligencia de la Nación, no del Estado. Su primer objetivo para 2014 ha sido descrito así en la más reciente memoria y cuenta: “Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder”. Algunas de las personas que han estado en manos de los agentes refieren que han escuchado quejas: “Uno de los que nos interrogaba nos pidió disculpas porque él había estudiado para neutralizar narcotraficantes, verdaderos terroristas, no para perseguir gente que manifiesta”, narra un universitario que pasó varias horas detenido por el Sebin en abril.
La misión de preservar el proyecto político ha sido tomada a pecho por muchos. “Si le preguntas a un joven detective qué es el Sebin, te dicen que es una institución humanista y revolucionaria”, explica el comisario retirado. El proceso comenzó en 1999 cuando se comenzó a reestructurar la institución y a reemplazar los anteriores mandos y analistas por unos nuevos, comprometidos con la emergente propuesta política: algunos señalan que incluso se entregaron credenciales a civiles de grupos armados. “Fue como una cacería de brujas porque los nuevos directores eran los vigilados de antes”. Lo que ocurrió, de acuerdo con la fuente, anticipaba el camino de una distorsión: “Los informes sesgados e incompletos, hechos a la medida de los nuevos oídos, comenzaron a proliferar y eso a la larga afecta la capacidad de la institución de procesar información y saber qué ocurre”.
Pruebas controversiales. Detenidos y abogados defensores han señalado que reportes de inteligencia con generalidades han sido presentados por el Sebin como argumento para solicitar las privaciones de libertad de procesados ante la justicia. Así ocurrió con los 11 jóvenes que formaban parte de los campamentos desmantelados hace 10 días en Caracas. Alonso Medina Roa, abogado del Foro Penal, señaló que informes como esos deben servir como punto de partida para las investigaciones, pero no deben aceptarse como pruebas.
Otros casos de implantación de pruebas también han sido denunciados por organizaciones políticas diferentes a Voluntad Popular. Lo hizo Primero Justicia con el caso de Hernando Garzón, dirigente de base del partido en Barinas, y de su esposa, Sandra Flores, asesora del concejo municipal de esa ciudad. Los dos fueron detenidos el 26 de marzo por el Sebin y el Cicpc. Los agentes se presentaron en la vivienda de la pareja para buscar a una familiar requerida por la supuesta participación en el incendio de instalaciones del Ministerio de Petróleo y Minería una semana antes. No la consiguieron allí.
“Cuando revisaban la parte superior de la vivienda, junto con Garzón y su esposa, abajo hubo un movimiento y entonces aparecieron con una caja de niples y bombas molotov. Todos en el partido estamos convencidos de que se la sembraron”, asegura Neyl Arévalo, secretario de organización de Primero Justicia en Barinas. Los esposos fueron imputados por financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y fabricación ilícita de explosivos. En la audiencia preliminar la jueza desestimó los dos primeros delitos, después de lo cual fue destituida. Hasta hoy, Garzón y Flores continúan privados de libertad.
Operación arbitraria. Uno de los peores procedimientos ejecutados por el organismo durante la crisis política terminó con la muerte de una de sus oficiales: Glidis Karelis Chacón, de 26 años de edad, quien había sido empleada de una guardería de Pdvsa hasta principios de 2013 cuando se enroló en el curso del Sebin para egresar como detective, la jerarquía más baja de la institución. Ella acompañó a los superiores que se llevaron a la fuerza a José Alberto Rivas de la Segunda Avenida de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, lo que terminó en una persecución con la policía local durante la cual Chacón perdió la vida. Los expertos consideran que el procedimiento tiene características de una “operación encubierta” que fue conducida de modo equivocado.
Las objeciones jurídicas han sido señaladas: “Los funcionarios que dirigieron la operación no tenían orden de aprehensión de juez alguno, lo que emitió después. Tampoco cumplieron los protocolos de coordinación con la policía municipal, por lo que todos pensaron que Rivas era víctima de un plagio”, afirma el diputado Pizarro. Rivas fue liberado luego de 45 días de detención, al igual que David Urbina, quien fuera detenido en iguales condiciones el mismo día en la zona. Las leyes solo permiten que, en ausencia de orden, la captura se realice ante la comisión de un delito flagrante. Los expertos advierten, además, graves fallas operativas. “Tomaron demasiado tiempo para controlar a una persona, no demostraron buenas técnicas para someterla y además la abordaron en una calle muy transitada. No habla bien del entrenamiento de quienes participaron allí”, dice uno de los comisarios retirados. “Se pusieron en riesgo ellos mismos y a la persona que querían llevar. Con mejor inteligencia y evaluación del caso no hubiera sido necesaria esa irresponsabilidad”.
Con información de David González
El problema del mando
El Sebin ha tenido tres directores en un plazo de seis meses: el mayor general Miguel Rodríguez Torres, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, estuvo al frente de la institución por seis años y hasta el 19 de enero. Luego lo reemplazó el general de brigada Manuel Bernal Martínez quien apenas duró un mes en el cargo hasta el nombramiento de otro mayor general: Gustavo Henrique González López.
Los cambios de mando entre altos oficiales del Ejército tuvieron como telón de fondo una crisis de gobernabilidad –de acuerdo con la versión oficial– que se expresó en la desobediencia de un grupo de funcionarios a las órdenes de la mantenerse acuartelados en la marcha por el Día de la Juventud, el 12 de febrero, cuyo desenlace fue el catalizador de nuevas protestas y bloqueos de calles que, al cabo tres meses, aún no cesan.
Los disturbios que siguieron a la manifestación del 12-F concluyeron con el homicidio de dos personas –el carpintero Bassil DaCosta y Juan Montoya, dirigente de los colectivos del 23 de Enero– en el centro de Caracas. Horas más tarde, un pistolero asesinó en Chacao a Roberto Redman, un activista opositor que asistió a DaCosta cuando fue herido de muerte y quien además acostumbraba a tomar fotos de los actos políticos en los que participaba. La hipótesis de que su asesinato haya sido perpetrado por haber captado la imagen de los homicidas del carpintero todavía gravita entre quienes reclaman una comisión de la verdad.
Funcionarios del Sebin fueron acusados por usar armas de fuego durante los disturbios, pero también un sargento del Ejército (Jonnathan Rodríguez) y un policía nacional (Andry Jaspe) identificados, respectivamente, como asistente y escolta de Rodríguez Torres. A José R. Perdomo, efectivo del servicio de inteligencia, le atribuyeron las muertes de DaCosta y Montoya. Jhonny Montoya, hermano del último, ha dicho que duda de que ese sea el responsable del homicidio de su pariente.
Los voceros del Ministerio Público no han abundado sobre el alcance de los nexos del ministro con esos antiguos subordinados. Rodríguez Torres, en cambio, ha sido minucioso al referirse a las conexiones de los dirigentes opositores a los que atribuye participar en un plan de golpe de Estado. Su perfil como portavoz del gobierno y de los resultados de los trabajos de inteligencia del Sebin se ha incrementado en las últimas semanas. Su asesor de prensa, sin embargo, responde así cuando se le llama para pedirle una entrevista sobre la institución: “¿Qué tenemos que ver con ellos?”. El servicio está adscrito a la Vicepresidencia de la República. Hugo Chávez lo apartó del organigrama del despacho de interiores el 6 de diciembre de 2012, dos días antes de su última aparición pública. El mandatario buscaba fortalecer al entonces segundo al mando, Nicolás Maduro. El ahora vicepresidente, Jorge Arreaza, ha pasado desapercibido con respecto al tema.
Inteligencia auditable
La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los tribunales de control son las instituciones responsables de ejercer la contraloría sobre los servicios de inteligencia ante la denuncia de cualquier ciudadano interesado. “Así lo establece la Constitución”, indica Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano y experta en temas de seguridad.
Se preveía que la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, propuesta en 2008, incluyera dispositivos para que el Sebin contara con mecanismos de contraloría interna y externa. Sin embargo, el proyecto incluía artículos reñidos con la Constitución y las libertades democráticas, como la obligatoriedad de los ciudadanos de reportar al Estado actividades sospechosas. El rechazo inmediato de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y expertos legales llevó a que el Instrumento legal –denominado “ley sapo”– tuviera corta vida: a los quince días fue derogada por el presidente Hugo Chávez. “Desde entonces e generó una especie de trauma que ha imposibilitado que la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional avance en una ley democrática que regule los servicios de inteligencia y contrainteligencia”, indicó.
Las actuaciones del Sebin en los últimos tres meses reflejan un margen de discreción ilegal, señala. La negativa del oficialismo a abrir investigaciones contra los organismos públicos impide que se dé un debate al respecto. No obstante, los legisladores no están exentos de su responsabilidad de exigir cuentas para dejar registro de las ilegalidades cometidas. “Sin una negativa expresa para el debate parlamentario sobre los procedimientos del Sebin, no se puede acudir al Tribunal Supremo para judicializar el caso”.
Tres irregularidades saltan a la vista en el desempeño de la institución. Una es la alta frecuencia con que realiza allanamientos sin órdenes judiciales, un mecanismo que muchas veces conlleva a otra violación: la detención de personas sin boletas de captura. En segundo lugar, existe una violación a la garantía constitucional sobre el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 48). “El gobierno ha admitido esta ilegalidad a través del ministro Rodríguez Torres, cuando se ha referido a correos electrónicos y llamadas telefónicas para hacer acusaciones contra políticos y defensores de los derechos humanos”.
El agravante sobre la interceptación de comunicaciones es que se está haciendo por tiempo indefinido, agrega. “Eso es ilegal, porque solo un tribunal puede autorizarlo de manera explícita y por tiempo definido. Eso no lo he visto en los expedientes judiciales en los últimos tiempos”.
Cifras:
8 funcionarios del Sebin fueron puestos a las órdenes de las autoridades por su participación en los sucesos del 12 de febrero en Caracas
66 horas pasaron detenidos estudiantes tachirenses en el Helicoide en Caracas en marzo. Se sobrepasó el límite legal para presentarlos ante tribunales
3 directores ha tenido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un plazo de un semestre: Miguel Rodríguez Torres, Manuel Bernal Martínez y Gustavo González López
Fuente: EL NACIONAL
