Venta de medios y escasez de papel vulneran derechos a la información
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibió este martes denuncias sobre violaciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela, en una audiencia en la que participaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la organización no gubernamental Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
Marco Ruiz, secretario general del SNTP, expuso que la venta de medios de comunicación y la escasez de materia prima que afecta a los medios impresos, han generado la salida de al menos 289 trabajadores, despedidos o forzados a renunciar. “La pérdida de estos puestos ha tenido una afectación directa en el acceso a la información y en el ejercicio libre del periodismo, profesión que requiere de plenas garantías”, aseveró.
De acuerdo con los registros del Sindicato, al menos 60 trabajadores han salido de Globovisión; 51, del Grupo Últimas Noticias; y 42, de El Universal, a raíz del cambio de dueños.
“Los hechos y testimonios dan cuenta de que la precarización del empleo en este sector y la cesantía de un alarmante número de profesionales, especialmente ahora que ha cambiado la propiedad de los medios más importantes de Venezuela, han profundizado la vulneración del derecho a la información y a la libertad de expresión. Han disminuido los espacios para la crítica y para el debate público de los temas de interés nacional”, manifestó Ruiz a los comisionados, en el marco del 153 período de sesiones.
El dirigente sindical destacó: “todos los casos descritos tienen en común que son consecuencia de la persecución y el acoso por razones políticas y no profesionales. Se persiguen las ideas. La hegemonía comunicacional de la que habló un importante miembro del Gobierno nacional luce, ahora sí, muy cerca. La hegemonía oficial de los medios de comunicación y con ella el asesinato del periodismo socialmente responsable”.
El secretario general del SNTP detalló diversos casos de censura en estos medios y destacó la lucha que desde las redacciones llevan adelante los periodistas en contra de estas medidas restrictivas del derecho a la libre expresión y acceso a la información.
En la audiencia también se planteó cómo la escasez de papel prensa ha reducido los espacios informativos y limitado la circulación de medios impresos.
“Al menos una docena de periódicos y revistas ha dejado de imprimirse, temporal o definitivamente, por la falta de materia prima, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el gobierno para su importación. En el último año han salido 94 trabajadores del diario El Impulso, empresa que llegó a sumar 263 trabajadores a mediados de 2013. En el caso del diario El Nacional, 42 trabajadores han salido de la empresa durante el año 2014”, expuso el dirigente sindical.
«El Estado contra el periodismo libre»
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una relatoría de los ataques y agresiones por parte de altos funcionarios públicos en contra de periodistas independientes.
“El uso del aparato gubernamental para desacreditar a los trabajadores de los medios de comunicación, los permanentes insultos, el amedrentamiento y el sometimiento de periodistas a procedimientos administrativos o judiciales, amenazan con reducir aún más las posibilidades de debatir libremente sobre temas importantes, amenaza la posibilidad de que más y distintas voces sean recogidas en los medios de comunicación, genera un efecto de inhibición por el miedo infundado y pudiese ser el inicio para que la censura, además de ser impuesta, sea además una opción personal de quienes informan y generan opinión pública: la autocensura”, advirtió Ruiz.
En el informe se detallan señalamientos contra 20 trabajadores de la prensa por parte del presidente de la República Nicolás Maduro; el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; los ministros Elías Jaua y Andrés Izarra; y el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami.
El secretario general del SNTP destacó que estos hostigamientos y amenazas han afectado la estabilidad laboral y están enterando un efecto de inhibición en los medios y sus trabajadores, empobreciendo el debate sobre temas de interés nacional.
Gloria Salazar, representante de la ONG Espacio Público, refirió que las cifras de violaciones a la libertad de expresión registradas en lo que va de 2014 son las más altas de los últimos 20 años en Venezuela. «Durante las protestas ocurridas desde febrero, haberse identificado con su carnet de periodistas, incrementó en ensañamiento contra ese trabajador y ganando así el silencio».
Por su parte, Mariengracia Chirinos presentó parte del informe del IPYS sobre censura y autocensura. “»Se ejercen presiones para que los periodistas se inhiban de informar. Hay órdenes de censura tanto en medios estatales, como en medios privados. Periodistas denuncian el cierre de las fuentes de información pública, en instituciones gubernamentales y privadas. Por todo esto, los comunicadores ven ven necesaria la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública”, relató.
Finalmente, Beatriz Borges, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, solicitó a la CIDH hacer seguimiento al encarcelamiento de ciudadanos por opiniones publicadas en las de las redes sociales, a la compra y venta de medios de comunicación en el país y al despido de periodistas en estos medios.
Información El Nacional
