Fiscalía imputa a dos expresidentes bolivianos por contratos petroleros
LA PAZ, (AFP) – La Fiscalía General de Bolivia aprobó este viernes la imputación formal contra los expresidentes, los opositores Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga, por la suscripción de contratos petroleros, considerados antieconómicos para el Estado, informó una fuente oficial.
«Se autoriza al órgano judicial el enjuiciamiento de los expresidentes de la República Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y Jorge Fernando Quiroga Ramírez», señala la imputación revelada por Ramírez, citado por el portal de noticias Oxígeno Bolivia.
El fiscal acotó en la ciudad de Sucre (sureste), sede del Poder Judicial, que «el Ministerio Público ha emitido la imputación correspondiente por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica».
La Fiscalía considera que esos acuerdos fueron lesivos a los intereses del Estado boliviano, en una demanda planteada por el partido del presidente Evo Morales en 2005.
La imputación dará luego paso al juicio en única instancia ante el Tribunal Supremo de Justicia, dos años después de que el Congreso bicameral, controlado por el oficialismo, aprobara el juicio de responsabilidades contra los dos exmandatarios y cuatro exministros de Hidrocarburos.
Sánchez de Lozada es un empresario minero que gobernó Bolivia en dos ocasiones: 1993-1997 y 2002-2003 y reside en EEUU, mientras la justicia espera su extradición por otros casos referidos a la matanza que se le endilga en 2003, cuando una represión militar dejó más de 60 muertos y 400 heridos.
Quiroga gobernó entre 2001 y 2002, tras la muerte del presidente titular Hugo Banzer, de quien era vicepresidente y después fue candidato a la presidencia en 2005, cuando Evo Morales lo vapuleó en las urnas.
Iván Alemán, abogado de Quiroga, aseguró a la radio católica Fides que su cliente sólo firmó cuatro del total de 107 contratos rubricados con empresas petroleras, pero «ninguno hasta el presente llegó a la fase de explotación (de gas)» y consiguientemente «no ha habido ningún supuesto daño económico al estado».
El denominado caso «Petrocontratos» se refiere a la firma de acuerdos que se hicieron en esas dos presidencias con empresas petroleras que tenían bajo su responsabilidad la explotación de la riqueza hidrocarburífera, privatizada en la década del 90.
El indígena e izquierdista Morales nacionalizó esa riqueza al comenzar su gobierno en 2006.
