Venezuela camino a mayores controles
El presidente Nicolás Maduro utilizaría sus poderes especiales para ejercer mayores controles y convertir al Estado en comerciante, importador y distribuidor de productos con lo que se aseguraría un mayor control social, anticiparon economistas.
Los poderes especiales, aprobados por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, permiten al presidente emitir decretos con fuerza de ley por 12 meses.
Economistas consultados por The Associated Press advirtieron que, según lo que ha dicho Maduro, se vislumbran mayores controles gubernamentales y eventualmente la exclusión de la competencia privada.
«Lo que han visto (hasta ahora) es poco para lo que vamos a hacer», afirmó el presidente, un exsindicalista de 50 años, y añadió que planea una «ofensiva estremecedora» contra la corrupción.
El Departamento de Estado en Washington expresó hoy su preocupación por el otorgamiento de esas facultades al destacar que cree «en la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno».
El otorgamiento de esos poderes «está constitucionalmente permitido en Venezuela, pero… sentimos, por supuesto, que es esencialmente importante para las personas tener voz, en cualquier país, en cualquier proceso de toma de decisiones y por eso es que la separación de poderes es importante», dijo Jan Psaki, vocera del Departamento de Estado, al hablar con reporteros en Washington.
El 8 de noviembre y ante lo que declaró era una guerra económica desatada por sus opositores para desestabilizar al gobierno, Maduro ordenó inspecciones en comercios a los que acusó de inflar los precios y sacar provecho de las divisas a la tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar que el gobierno entrega en virtud del control de cambio que rige desde 2003. En la calle esa tasa es al menos de 10 veces más.
En consecuencia, decenas de comercios redujeron sus precios hasta en 70 por ciento, al tiempo que miles de venezolanos se agolparon a las puertas de las tiendas en busca de los productos con descuentos.
Las inspecciones se han desarrollado diariamente en locales de todo el país. Hoy, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza dijo que al menos «seis dueños de empresas» de la rama ferretera fueron detenidos por usura.
«No queremos andar por el país arremetiendo contra nadie… pero cuando hay usura en máximo nivel… la ley tiene que caer con todo su peso», agregó el vicepresidente.
Maduro ha anticipado que implantará una nueva ley de costos, márgenes de ganancias y precios máximos para todos los artículos, así como otra ley de comercio exterior para garantizar el control de las importaciones.
No ha dicho cuándo promulgará esas normas y qué otras tiene previsto emitir, pero advirtió que el gobierno realizará un censo de pequeños y medianos comercios para protegerlos de la especulación de distribuidores y mayoristas.
El vicepresidente para el área económica y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo que desde fines de 2012 y en lo que va del año las autoridades estatales han entregado a la tasa oficial de cambio unos 50.300 dólares a empresas y que el listado es examinado para determinar quién pudo haber incurrido en irregularidades.
«No le vamos a dar más dólares ni más equipos» hasta que se determine si vendieron productos importados con sobreprecio o calculando la divisa a otro valor.
Con el registro de comercios «en el fondo el gobierno está avanzando de una manera bastante determinada y muy rápido… en la consecución del objetivo de centralizar las importaciones, es decir centralizar el poder importador y que sea el gobierno el que importe», dijo Domingo Sifonte, economista y profesor de la Universidad de Carabobo, en el centro del país.
Así, «pasaría a la ofensiva en términos de lo que se llama el Estado comerciante, es decir que sean ellos quienes distribuyan, el Estado distribuidor de bienes y servicios», agregó.
Las compras públicas importadas crecieron desde 15 por ciento a fines de la década de 1990 hasta 40 por ciento en la actualidad, según Sifonte.
El gobierno de Maduro «está avanzando hacia un modelo de control social… Si tú tienes el control económico y tienes el control político, las libertades individuales van a estar básicamente suprimidas», añadió.
Por su parte Ronald Balza, profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, dijo que «lo que parece es querer controlar las importaciones y vender a un precio que el gobierno decida… el gobierno es el que va a determinar qué es lo que se importa».
Con los controles e inspecciones «uno no sabe hasta dónde llega la intención (del gobierno); ésepuede ser un modo de excluir la competencia y justificar la no entrega de divisas a esas otras cadenas» o redes comerciales, destacó Balza.
Con escasez de productos, caída de las reservas, una inflación acumulada de 54,3 por ciento en 12 meses y con la perspectiva de que el año que viene, si no se hacen ajustes, sean aún mayores, dijo Sifonte, «lo cierto es que estamos apagando el fuego con gasolina en materia económica».
El miércoles y como parte de su plan de importaciones directas, Ramírez firmó un acuerdo con la surcoreana Samsung para crear una empresa mixta que fabrique en el país aparatos electrónicos y electrodomésticos.
Ramírez no dio detalles sobre dónde se ubicaría la planta y cuánto produciría pero explicó que de momento y para abastecer el mercado local Venezuela importará 400 mil equipos de Samsung como neveras, cocinas y celulares por un monto aproximado a los 100 millones de dólares.
El acuerdo firmado con la surcoreana contempla la creación de una empresa mixta en la que Venezuela tenga la mayoría accionaria y Samsung haga, al menos en una primera fase, una inversión de 50 millones de dólares, agregó.
